El autoatentado de Maduro

En medio de la peor crisis financiera que ha vivido Venezuela, en donde la gente, literalmente, ya no tiene ni qué comer, el pasado sábado 4 de agosto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, sufrió un atentado durante la celebración del 81 aniversario de la Guardia Nacional Bolivariana. El supuesto ataque habría sido perpetrado con drones que cargaban explosivos.

En una de las investigaciones más rápidas de la historia, y a menos de dos horas del supuesto atentado, el régimen de Maduro había detectado a los culpables.

Maduro acusó al ahora expresidente de Colombia, Juan Manuel Santos, de haber intentado asesinarlo; pero también acusó a la “ultraderecha” de Venezuela, en alianza con la oligarquía colombiana, y a Estados Unidos.

Y en tan sólo dos horas se había detenido a varios de los autores materiales, que ya habían sido procesados, y que “todas las pruebas” ya estaban en poder de las fuerzas de seguridad. Imposible de hacer esto en un caso que no esté fabricado. Ni siquiera se detuvo a nadie en flagrancia.

La historia que cuenta el gobierno venezolano es que drones con supuestos explosivos fueron derribados por francotiradores; no obstante, siete efectivos de la GNB resultaron heridos.

De acuerdo con Jorge Rodríguez, vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, a las 5 horas con 41 minutos de la tarde “se escucharon unas detonaciones que las averiguaciones ya establecen con claridad que correspondían a artefactos voladores de tipo dron, que contenían una carga explosiva que detonó en las cercanías de la tarima presidencial y en algunas zonas del desfile”.

A través de redes sociales se informó que varios periodistas, que salieron a reportear lo sucedido, fueron detenidos; mientras que a otros medios les fue decomisado todo el material que habían grabado.

Lo cierto es que un militar presente en el acto, entrevistado por El País, bajo la condición de anonimato, relató que no escuchó ningún disparo y que la versión de que las fuerzas de seguridad dispararon contra un dron “no es creíble”, ya que darle a un dron en movimiento con un fusil es casi imposible; “además, si se le da, no explota”.

Por otra parte, la agencia Associated Press (AP) informaba que “varios bomberos” presentes en el lugar de los hechos contradecían la versión del gobierno, al asegurar que en realidad se trató de una explosión de una “bombona de gas” en un apartamento cercano.

Un día después del atentado, Maduro volvió a señalar al expresidente colombiano, Juan Manuel Santos, que, junto con la ultraderecha colombiana y sus opositores venezolanos, intentaron matarlo.

En respuesta, el gobierno colombiano desestimó las palabras de Maduro. “No tiene base. El presidente (Juan Manuel Santos) está dedicado al bautizo de su nieta Celeste y no a tumbar gobiernos extranjeros”.

Pero no quedó ahí; Maduro también denunció que los “financistas” del incidente se encontraban en Estados Unidos. La respuesta no tardó en llegar, y fue de la mano de John Bolton, asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, quien aseguró que no había participación del gobierno de EU en los hechos.

Dos días después del supuesto atentado, el fiscal general de Venezuela, Tarek William, anunció que habían sido identificados todos los autores materiales y sus colaboradores inmediatos; además, se había identificado a “los explosivistas que armaron los artefactos” y que se habían establecido las primeras conexiones internacionales de dichas personas.

A las seis personas detenidas por estos hechos, la Fiscalía les imputará los delitos de traición a la patria, homicidio intencional calificado en grado de frustración, homicidio frustrado y lesiones graves, lanzamiento de artefacto explosivo en reuniones públicas, terrorismo, asociación para delinquir y financiación al terrorismo.

Además, el supuesto atentado le permitirá reforzar el aparato represivo contra la oposición, que acababa de convocar una gran movilización y huelga contra el Programa de Recuperación Económica que Maduro pondrá en marcha el 20 de agosto.

La situación cada vez es más compleja y Nicolás Maduro, cada vez está perdiendo aceptación, ahora hasta con los suyos. Durante el primer periodo presidencial de Nicolás Maduro se gestó una aguda crisis económica que llevó al desabasto de alimentos, medicinas, así como de diversos productos básicos; y, por si fuera poco, se desató la inflación más alta del mundo.

La reforma monetaria, que entrará en vigor el 20 de agosto, forma parte de un programa de recuperación para enfrentar la severa crisis económica; además, se busca impulsar las actividades económicas, que se han visto afectadas por la escasez de billetes.

Y con la escasez de billetes, lo que se puede comprar es a través de tarjetas que el propio gobierno controla. Ahora, hasta la gasolina se va a tener que comprar así, y quien esté en contra de Maduro o su régimen se queda sin utilizar su automóvil y sin poder comprar la poca comida que hay.

Para que usted se dé una idea de cómo está el día a día en Venezuela, una lata de atún cuesta 7 millones de bolívares, mientras que el salario mínimo está en 5 millones.

Alejandro Werner, director del FMI para América, dijo que el peso promedio de las personas en Venezuela se ha reducido siete kilos en el último año.

Y es que el futuro para Venezuela no es nada alentador; es una verdadera pesadilla. De acuerdo con estimaciones del Fondo Monetario Internacional, la inflación en Venezuela podría cerrar el año con una variación récord de un millón por ciento.

Tan sólo durante julio, los precios al consumidor subieron 125 por ciento.

Lo ocurrido este fin de semana en Caracas apunta cada vez más a que el régimen de Nicolás Maduro ejecutó un autoatentado. En este momento, el régimen madurista necesita encontrar culpables de la situación que se vive en Venezuela y con un acto así, además, puede culpar a sus detractores, imputándoles la responsabilidad del ataque.

Sospechosismo

Desde el 1 de enero de 2014, hasta el 6 de agosto pasado, la organización Foro Penal, dirigida por Gonzalo Himiob, contabiliza 12 mil 431 arrestos por motivos políticos en Venezuela; esta cifra no incluye a los seis detenidos por el presunto atentado contra Nicolás Maduro, el pasado sábado.

En junio, el mandatario venezolano anunció la excarcelación de detenidos por “violencia política”, en “aras de la paz y el diálogo”, enmarcado en el plan de reconciliación nacional anunciado por él luego de ser reelegido el pasado 20 de mayo en unos comicios no reconocidos por numerosos gobiernos y en los que no participó la principal coalición opositora, por considerarlos fraudulentos.

La exdefensora del pueblo, Gabriela Ramírez, dijo, a través de su cuenta en Twitter, que un atentado contra Nicolás Maduro favorecía al gobierno venezolano:  “me resulta incomprensible que alguien quiera asesinar a Maduro. Sería sustituido y el partido se cohesionaría con un factor de poder menos. La ANC lo sustituiría inmediatamente por cualquier otro que garantice la perpetuación política”.

En otro tuit mencionó : “¿quiénes se favorecen de un atentado a la cabeza del desprestigiado gobierno venezolano? Exacto: ¡el gobierno venezolano!”.

Por lo pronto, Maduro señaló el lunes que revelará las pruebas que vinculan a Juan Manuel Santos con el atentado fallido. Aseguró que fue en Chinácota, localidad del país vecino, donde supuestamente habrían entrenado a “los terroristas”.