El Barrabás y millones más

Bibiana Belsasso

El caso del indigente Gerardo Martínez, conocido como El Barrabás, quien lleva más de 20 años viviendo en las calles de Guadalajara, ha puesto en jaque a las autoridades judiciales. En el 2012, estudiantes y académicos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades interpusieron una demanda en contra de las autoridades del estado de Jalisco para que se le garantizaran los derechos humanos a la vivienda, a la salud y a una vida digna.

Es el primer caso que se da así en Jalisco. En la primera instancia fue rechazado por un juez local, ya que dijo que las garantías de este hombre no han sido violadas. Los abogados, inconformes con esa resolución solicitaron que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revisara el caso. Se le pide que resuelva el amparo en revisión debido a su relación con las reformas constitucionales en materia de derechos humanos y de amparo que entraron en vigor. El caso ya llegó a la Corte y será discutido en los próximos días.

Ya antes se había dado un caso similar, pero en el DF. Enrique Carpizo Aguilar, académico de la UNAM, promovió un recurso legal que derivó en que en 2012 Ricardo Farías, indigente de la Ciudad de México, recibiera los beneficios de diversos programas de asistencia del gobierno capitalino, gracias a un amparo concedido por la jueza primera de Distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal.

Enrique Carpizo Aguilar manifestó en su momento que las reformas constitucionales en materia de derechos humanos, control de convencionalidad, control difuso y el nuevo modelo de justicia penal garantizan que ya no habrá únicamente amparos en contra de actos de autoridad, sino también en contra de omisiones del Estado y que eso permitió llevar el caso de Farías.

Una vez que se ganó el caso, Ricardo Farías, el indigente, huyó. No quiso una nueva vida, le gustaba la calle y así quiso permanecer.

Estos dos casos van a sentar un precedente muy importante porque en México hay muchísimos indigentes. ¿Imagínese usted que todos ellos demandaran que el Estado les solucione todas sus necesidades? Se necesitaría muchísimo dinero.

Según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) en el informe “Panorama Social de América Latina 2014” se estima que en el 2006 aproximadamente 31.7% de los mexicanos era pobre y 8.7 indigente. Seis años después, en 2012, las cifras repuntaron considerablemente al reportarse 37.1% de pobres y 14.2% de indigentes, lo que representa más de 41 millones de pobres y más de 15 millones de indigentes. Según el Consejo Nacional para la Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) en México hay poco menos de 7 millones de personas que viven en extrema pobreza.

Pero con estos números, y en caso de que la resolución de la SCJN sea a favor de El Barrabás, podría ser que millones de indigentes estuvieran en posibilidad de solicitar ese mismo derecho. Como refiere el informe de la Cepal, lo que se tendría que hacer para disminuir la pobreza es otorgar mejores salarios y accesos a los servicios básicos y a la educación para toda la población. Se han logrado avances importantes; por ejemplo, el de la Secretaría de Desarrollo Social con el programa de la Cruzada Nacional Contra el Hambre, que atiende a 4.2 millones de personas. A pesar de esto las carencias para millones de mexicanos son enormes.

La indigencia se acabará únicamente con mejores oportunidades y ésas hay que seguirlas construyendo.

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