El caso de Juani, Ian y Valeria

Elisa Alanís.

Ian tiene tres años. Su madre Juani murió hace ocho días, luego de una larga lucha contra el cáncer de mama. Se quedó desamparado porque ella era el sostén de la familia, se jubiló hace tres años y tenía una pensión de dos mil pesos.

El Instituto Mexicano del Seguro Social no reconoce el derecho de su otra madre, de Valeria, como viuda beneficiaria.

El estado de Coahuila negó a Ian llevar en su nombre los apellidos de sus madres, Rosales Salazar y Niño Gómez.

Ellas formaban una familia desde hace trece años. Se unieron en la única opción que tuvieron para ser reconocidas como compañeras civiles. Se unieron por medio del Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila. Figura similar a la de Sociedad de Convivencia que impera en el Distrito Federal. Que permite a parejas del mismo sexo (o algún otro grupo) a unirse para organizar su vida en común, pero con una clara restricción en derechos.

“¿Con qué cara Enrique Peña Nieto puede seguir sosteniendo una práctica discriminatoria en el Seguro Social? ¿Cómo le explicas a Ian que su mamá, Juani, no le va a poder reconocer nunca, jamás, los derechos de una madre que lo amó, lo deseó y lo cuidó hasta el momento de su muerte? ¿Cómo le explicas a un niño, a un niño de tu país, a un niño mexicano que tiene menos derechos que cualquier otro niño por ser hijo de una lesbiana?”, cuestionó Lol Kin Castañeda.

No hay explicación alguna.

Y éste no es el único caso. Hay otros en Nuevo León, Morelos, Distrito Federal y Michoacán.

También es inexplicable que después de una reforma constitucional de hondo calado, el país esté repleto de burócratas y políticos homófobos que encuentran cualquier pretexto para frenar el reconocimiento y protección de los derechos humanos.

Este 19 de octubre, Enrique Peña Nieto tuiteó sobre el Día Nacional contra la Discriminación, antes, anunció su iniciativa en igualdad de género de 50/50 para candidaturas partidistas, y esta semana presentó cinco iniciativas en derechos humanos (justo un día antes de que la ONU evaluara a México en esta materia).

Si el gobierno realmente está comprometido con los temas básicos de justicia, equidad e igualdad, debe dar impulso a estas propuestas, pero también a su implementación en la vida práctica. Debe terminar con la simulación dentro de las instituciones públicas. En este caso, las prácticas discriminatorias y las respuestas negativas del IMSS y del ISSSTE para que cualquier hombre y cualquier mujer pueda gozar de todos los derechos, como lo señala el Primer Artículo de la Constitución. “… Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas.”

Ian y Valeria, como todos los mexicanos, merecen vivir en auténtica igualdad de condiciones y oportunidades.

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