El caso Velasco y la desmesura del Congreso

ENTRE COLEGAS

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Casi nos engañan. El arranque de la LXIV Legislatura en el Senado parecía promisorio: comenzó con un sensato plan de austeridad para esa Cámara, siguió con la presentación de la muy encomiable iniciativa de Martha Lucía Mícher y Germán Martínez para reconocer plenamente el derecho a la seguridad social a la comunidad LGBT, luego –una rara mañana – nos sorprendieron con una votación que negaba a Manuel Velasco la licencia que había solicitado como senador para asumir nuevamente como gobernador de Chiapas… Pero no, nada de lo anterior quedará en la memoria. Sólo recordaremos la repetición de esa última votación, para otorgar finalmente la licencia y, luego, esa misma tarde, el anuncio del traspaso de cinco diputados del Partido Verde a la bancada de Morena, para concederle la mayoría absoluta en la Cámara Baja y, con ello, el control de la Junta de Coordinación Política y el presupuesto de la Cámara durante toda la Legislatura.

De lo ilegal a lo ilegítimo y de lo antiético a lo antiestético. La repetición de la votación llamó mucho la atención y fue muy criticada. Pero en estricto sentido, a los cuerpos legislativos no les resulta aplicable el principio de la cosa juzgada, de manera que pueden repetir una votación y revertir una decisión (salvo en los casos expresamente previstos en la Constitución o en la Ley Orgánica del Congreso). La repetición de la votación no fue, en sí mismo, un procedimiento ilegal. Lo desaseado venía por contaminación, pues la decisión final del Senado convalidó una sucesión de artimañas notoriamente inconstitucionales e ilegales para que Manuel Velasco consiguiera violentar diversos preceptos, a saber: (1) un gobernador no se puede postular como candidato a senador en su jurisdicción durante su mandato, incluso aunque se separe del cargo; (2) una persona no puede tener dos cargos de elección popular al mismo tiempo, aunque pida licencia a uno de ellos; y (3) un gobernador emanado de elecciones no puede después volver a ser gobernador del mismo estado, ni siquiera como interino o sustituto. Todas las anteriores son normas constitucionales expresas, y aunque su quebrantamiento parecería evidente, el proceso terminó siendo avalado por todas las autoridades competentes: el Tribunal Electoral, la Cámara de Senadores y, por supuesto, el sumiso Congreso local chiapaneco, que le reformó a Velasco la constitución estatal, luego le concedió licencia como gobernador y, luego, tras la licencia otorgada por el Senado, lo nombró gobernador sustituto…de sí mismo. Nada sorprende del Verde, partido que al parecer ha roto su larga y estable alianza con el PRI (al que mucho le debe en los últimos 25 años, sólo interrumpidos por una fugaz alianza con el foxismo) para respaldar ahora a Morena. De los diputados sandía (verdes por fuera, rojos PRI por adentro) pasamos a los kiwis (verdes por dentro, marrones por fuera). Parafraseando un refrán popular: la culpa no es del tucán, sino del que lo hace parte de su aviario.

El origen de la litis. Ya varios lo han señalado con claridad: es falso que exista un “derecho a la licencia”, como defendieron varios senadores (notoriamente, y con enjundia, el coordinador de la bancada mayoritaria). Si ese “derecho” fuera tal, el procedimiento sería meramente administrativo, ante la mesa directiva o la secretaría de la cámara. No es así. Los legisladores tienen, sin duda, el derecho a solicitar licencia… pero cada Cámara debe calificarla (es decir, valorarla, decidir si se justifica) y votarla.  Y si la mayoría no la encuentra justificada, se niega y se acabó. Sin embargo, hay ya una tradición en la clase política mexicana de otorgarse los unos a los otros, en automático, todas las licencias que se pidan porque a todos los partidos les conviene que sus cuadros puedan buscar futuros cargos sin “obstáculos”. Es una grave perversión política la que en esta ocasión se puso en evidencia: los cargos de elección popular, por contar con esa legitimidad, deberían ser irrenunciables, y los electos permanecer hasta el final del término. Las licencias deberían sólo proceder en casos excepcionales y ser valoradas estrictamente. Pero como, dada la realidad actual, será de las filas de Morena de donde más solicitudes de licencia vendrán, al parecer la “cuarta transformación” no incluye entre sus planes el dejar de ignorar la voluntad de los electores, sino seguir con la lamentable práctica del chapulineo.

Horacio Vives Segl

Horacio Vives Segl

Licenciado en Ciencia Política por el Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM) y doctor en Ciencia Política por la Universidad de Belgrano (Buenos Aires, Argentina). Profesor y director del Centro de Estudios Alonso Lujambio en el Departamento Académico de Ciencia Política del ITAM. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Autor de diversos libros y artículos sobre elecciones, política latinoamericana y política mexicana, publicados en medios académicos y de divulgación en México y en el extranjero. Analista político.
Horacio Vives Segl

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