El damnificado es primero

El Jefe de Gobierno, José Ramón Amieva, hizo una declaración por demás preocupante. Dijo desconocer el destino de algunas donaciones relativas al sismo de septiembre, realizadas supuestamente por algunos artistas y organizaciones. Lo que en realidad está haciendo con esto, es sumarse a la exigencia ciudadana de transparencia; y, de pasada, cuestionar si realmente esos recursos existieron.

Lo más alarmante es sin duda el hecho de que pasados tantos meses, existan edificios que aún no hayan sido demolidos, otros que permanecen clausurados y casi un centenar de personas sin hogar. Sobre esto último, me parece que tanto el gobierno como los legisladores han perdido absolutamente el enfoque que había que darle a los recursos.

La prioridad siempre debieron ser las personas. Un damnificado se clasifica de dos maneras: aquellos que perdieron a un ser querido y aquellos que se quedaron sin hogar (o negocio). Respecto a los primeros no queda más que procurar justicia, si es que la muerte fue ocasionada por negligencia o corrupción en torno al inmueble colapsado: como es el caso de la responsabilidad de Claudia Sheinbaum en las muertes del colegio Rébsamen.

Por lo que toca a los segundos, ciudadanos cuya vivienda sufrió daño total o parcial, me parece que sí era y es posible aún, que con recursos públicos y donaciones privadas se les pueda restituir su hogar. De los 1,146 ciudadanos que en octubre del año pasado pernoctaban en albergues, hoy solamente 93 duermen bajo techos improvisados.

Si bien no es obligación del Gobierno de la ciudad restituirles su hogar a quienes lo perdieron como resultado de un fenómeno natural, resulta que el presupuesto alcanza de sobra para ello. Se tienen contabilizadas 2,591 viviendas con daño total; y 3,383 con daños parciales. Para afrontar esta crisis se tienen autorizados seis mil ochocientos millones de pesos, en el fondo de reconstrucción.

Por lo anterior, si hipotéticamente se entregara directamente un millón y medio de pesos a quienes se quedaron sin un techo, se requerirían 3,886 millones de ese fondo. Y si, de igual forma, se les entregaran doscientos mil pesos a quienes reportaron daños parciales, eso sumaría otros 676 millones. En total, si se les diera a los afectados el recurso, el gobierno capitalino erogaría 4,562 millones de pesos; y todavía le sobrarían poco más de dos mil millones para apoyos de renta, demoliciones y otras cosas relacionadas (aunque ya han gastado una parte).

Obviamente, el monto de la ayuda tendría que ser establecido con base en el valor de las viviendas en cada caso individual y bajo ciertas reglas. Incluso, condicionando a los afectados a ceder su propiedad original al patrimonio público, o que ellos se encarguen de reconstruirla completamente, u otras opciones que habría que idear. Al final, el objetivo es que tengan nuevamente un techo o reparen el que resultó dañado; evitando el jineteo del dinero o la burocracia ineficiente.

Pero algunos políticos piensan que ellos son mejores administrando esos recursos o pareciera que obtienen placer sentándose en ellos. Dinero hay bastante y suficiente.  Están obligados a utilizarlo bien.