El daño de dos palabras

Salvador del Río

Y sin embargo de sus enredos, don García, en La Verdad Sospechosa, de

Juan Ruiz de Alarcón, tenía razón en su amor por doña Juanita, ideal de autenticidad

Si al presentar el informe de las investigaciones del caso de la desaparición y sin duda muerte de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el ahora ex procurador General de la República, Jesús Murillo Karam, se hubiera limitado a concluir que según los datos, los indicios y las confesiones obtenidas de los presuntos culpables, se habría evitado el elemento que alimenta la resistencia a aceptar, por motivos eminentemente políticos, que los jóvenes fueron masacrados e incinerados en el basurero de Cocula y sus restos, la mayoría inidentificables, arrojados al río aledaño.

Verdad histórica, llamó Murillo Karam al resultado del informe; dos palabras cuyas consecuencias, él mismo no pudo medir pero que han dado pábulo a la resistencia de amplios sectores de la sociedad a admitir la verdad de lo sucedido a los jóvenes secuestrados

por el crimen organizado.

El informe de Murillo Karam es, hasta donde las evidencias lo permiten, completo, basado en testimonios y hechos comprobables, aunque las circunstancias impidan el conocimiento objetivo del cuerpo o los cuerpos del delito, como lo exige la práctica de la procuración de justicia.

Con esas palabras los opositores a la verdad de lo ocurrido en Iguala y Cocula la noche del 26 de septiembre del año pasado, el gobierno ha quedado imposibilitado para sostener, ante la opinión del país y del exterior, lo que se revela como la verdad, ni histórica ni jurídica, mientras no se complete el proceso seguido a más de cien detenidos y se aprehenda al resto de los responsables de la desaparición y muerte de los normalistas de Ayotzinapa.

No sólo la investigación de los hechos registrados aquella noche en el Estado de Guerrero lleva a la conclusión de que los jóvenes murieron a manos de las bandas del narcotráfico con el conocimiento y hasta la orden de autoridades municipales de la entidad. Los jóvenes, desgraciadamente, están muertos, y de ello deben estar conscientes sus propios padres, los grupos que han convertido el caso en una causa política que usarán como bandera por mucho tiempo en el futuro.

Al exigir la devolución con vida de los estudiantes, de los 43, no obstante la identificación científica de por lo menos dos de ellos, se pretende culpar al gobierno de una desaparición forzada. Se usa para ello el empleo de otras dos palabras con las que se quiere señalar la ausencia física o la no localización de las personas como un crimen de Estado. Desaparición forzada sería toda sustracción u ocultamiento de personas en contra de su voluntad, un delito que comete lo mismo el Estado que el delincuente que lo perpetra.

Que los estudiantes de Ayotzinapa murieron la misma noche de su secuestro es un hecho del que deben estar conscientes incluso los integrantes del grupo de expertos  de la Comisión Interamericana de los Derechos  Humanos. Ellos mismos no lo descartan como una posibilidad.

Frente a esa realidad, los mismos expertos se limitan a recomendar otras líneas de investigación que el gobierno de México ha aceptado seguir hasta agotar todas las líneas posibles. La razón de esas reservas es la prudencia, la cautela —llámese temor— a enfrentar el empeño en negar la evidencia por parte de grupos que persisten en convertir el caso Ayotzinapa en una causa política.

Están en vías de lograrlo.

srio28@prodigy.net.mx