El góber que gasea a viejitos y niños

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Por:
  • ruben_cortes

El boom del caso Iguala demostró que hay activistas que ven derechos humanos de primera y de segunda: un gobernador mandó 250 policías a lanzar gas lacrimógeno contra un hombre de 94 años y una niña de 11 para desalojarlos de su vivienda, y la CNDH y los activistas brillan por su ausencia.

Y la Corte ordenó a la PGR abrir las investigaciones sobre la matanza de 58 hombres y 14 mujeres migrantes por los Zetas en 2010. Mas ello, al igual que el anciano y la niña gaseados en Yucatán, interesan poco a los furibundos defensores de derechos humanos.

Porque guardan la pólvora mediática para hechos redituables políticamente. ¿Qué rédito aportarían el maltrato a un anciano y una niña en un pueblo maya perdido en el sureste, y el de unas decenas de extranjeros en una localidad del norte?

Pero vale la pena recordarlos:

—El gobernador de Yucatán, Rolando Zapata, ordenó desalojar de su vivienda, con gas lacrimógeno, a Salvador Euán Chi, de 94 años, así como a su nieta de 11 años y muchos familiares más, en un brutal operativo que ni siquiera ha desarrollado en contra del crimen organizado.

Un vecino obtuvo una orden de desalojo contra Euán Chi en la localidad de Chablekal y la policía de Zapata la ejecutó inmediatamente. Sucedió el martes de la semana pasada: derribaron las puertas y arrojaron gas. Dos ancianas fueron agredidas y conservan las marcas de los golpes.

En la casa no había camas, sino hamacas, y los escasos muebles que había fueron desbaratados y tirados por los policías en una camioneta de mudanzas. Con ayuda de los vecinos, los Euán Chi regresaron al hogar donde nacieron sus últimas cinco generaciones y todos duermen en el suelo.

Después del ataque, el DIF estatal les entregó una bolsa de frijol, una de arroz, una de sal, dos paquetes de galletas y uno de papel higiénico; mientras el gobernador prometió “gestionar” la construcción de una casa para Salvador, quien anda en silla de ruedas y tiene problemas para comunicarse.

—En San Fernando, Tamaulipas, además del asesinato a sangre fría de 58 hombres y 14 mujeres, fueron encontradas 47 fosas con 197 cuerpos más de migrantes que intentaron usar territorio mexicano como trampolín para buscar oportunidades en Estados Unidos.

Las investigaciones sobre la masacre continúan, pero se han registrado situaciones de demora en la identificación de las víctimas y algunos de los restos fueron enviados por el gobierno panista de la administración federal pasada a los familiares equivocados.

Pero para los activistas un apolítico anciano de 94 años y unos migrantes son poca cosa. ¿Qué pueden sacar de su defensa? Ni dinero ni reflectores.

Entonces, para qué ocuparse.

ruben.cortes@3.80.3.65

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