El gobierno de gabinete

Salvador del Río

En la democracia, los países han transitado desde la monarquía parlamentaria hasta el parlamentarismo puro y el régimen presidencial o los sistemas mixtos, el semipresidencialismo parlamentario y el parlamentarismo presidencial. Todo en busca de la auténtica representatividad y la legitimidad de un gobierno.

En su libro El gobierno de gabinete, el constitucionalista Diego Valadés planteó hace años un sistema político que, de adoptarse en México, sería una verdadera reforma del Estado: un gobierno cuyo jefe del Ejecutivo fuera elegido por votación directa, pero que integraría su gabinete encabezado por un jefe —equivalente a primer ministro— surgido de la mayoría en el Congreso de la Unión y quien se encargaría de nombrar al resto de los miembros del gabinete, de formar gobierno.

Frente a los procesos electorales en trece estados, a celebrarse el año próximo, y el virtual arranque de las presidenciales en 2018, se discute en México la conveniencia de modificar los sistemas para la conformación del gobierno, de manera que responda a la voluntad de la ciudadanía, expresada en las urnas. Se plantea la posibilidad de establecer una segunda vuelta en la que compitan los dos primeros lugares de la primera, así como la reducción del número de diputados y senadores, y de los nombrados por el

sistema plurinominal.

Al mismo tiempo se sugiere el establecimiento de procedimientos para la revocación del poder, desde el Presidente de la República hasta los gobernadores y los representantes populares; todo ello con la intención de fortalecer la legitimidad de los órganos del Estado y dar a la permanencia de quienes los ocupan una continua ratificación

de su elección.

De acuerdo con las reformas políticas promovidas por el Presidente de la República y aprobadas por los Congresos federal y la mayoría de los estatales, quedan establecidas ciertas condiciones que podrían ser limitativas de las facultades del Ejecutivo para el nombramiento de algunos funcionarios, tales como los encargados de órganos de fiscalización de la gestión gubernamental, así como de la seguridad y la procuración y administración de la justicia.

A pesar de esas reformas, el sistema de gobierno en México sigue siendo el presidencial, incrementado en sus formas con las medidas recientemente adoptadas para salir al paso de las deficiencias de las administraciones estatales, principalmente en materias electorales y de procuración de justicia, frente a las escaladas de la delincuencia. Son decisiones, si bien dictadas por la situación, que concentran las facultades del centro y reducen el principio del federalismo, que consagra la autonomía de estados y municipios. Las facultades del Gobierno federal, encarnado por el jefe del Ejecutivo, calificadas en el pasado como metaconstitucionales, han pasado a ser legales, merced a las reformas de reciente aprobación.

En la búsqueda de la democracia como expresión de la voluntad ciudadana y los métodos para el control y la vigilancia de la gestión gubernamental por parte de la sociedad civil, se señalan las deficiencias del régimen presidencial, que puede derivar hacia el autoritarismo y los excesos del poder. Se observan también las debilidades de los sistemas parlamentarios, generadores de inestabilidad política en muchos de los países que lo han adoptado. Se insiste en la falta de representatividad de los cuerpos legislativos, por un sistema electoral que muestra inequidades y conflictos de interés, ajenos a la verdadera libertad del voto en las urnas.

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