El negocio de enjaular niños

Como buen hombre de negocios que es Donald Trump, ha encontrado la manera de hacer negocio con los migrantes enjaulados, en donde además se ha separado a miles de niños de sus padres; y es que esas jaulas son concesiones privadas que generan recursos a quien las maneja.

Hace unas semanas les platicaba la desgarradora historia de un padre de familia que sostenía en brazos a su hijo chiquito con mucha fuerza. Le arrebataron al pequeño y se lo llevaron a los separos. Decían los agentes que el señor se había puesto violento al momento de su detención.

Lo encerraron y al día siguiente apareció muerto. El argumento de los agentes era que no entendían por qué se había suicidado; que ahora sí ya no iba a ver al niño.

Ésta es una de los miles de historias de detenciones que, además, son negocio.

La cifra es alarmante: dos mil 342 niños, que entre el 5 de mayo y el 9 de junio fueron separados de sus padres.

Desde abril se había intentado mantener en secreto la manera en que estos niños eran separados de sus padres y los sitios donde los tienen detenidos. Ha sido mucha la presión de diversos sectores y se permitió que congresistas, senadores y periodistas pudieran entrar brevemente al centro de detención “La Úrsula”, en McAllen, Texas, conocido por los migrantes como “La Perrera”.

Las imágenes revelan un “campo de concentración”, donde los más de mil 100 internos viven en jaulas de metal y duermen prácticamente en el piso. El lugar está dividido en secciones para menores no acompañados, adultos que viajan solos, y madres y padres con niños.

Las jaulas desembocan en zonas comunes donde hay baños portátiles. Las luces del lugar están encendidas las 24 horas.

Lo cierto es que, en esta crisis, generada por la separación de familias de migrantes en Estados Unidos, no todos pierden; y es que algunas organizaciones, que dicen ser sin fines de lucro, como Southwest Key Programs, obtienen ganancias millonarias por cuidar a los niños migrantes.

Southwest Key Programs, con oficinas centrales en Texas, recibirá más de 458 millones de dólares este año; esta cifra representa el ingreso más elevado entre las organizaciones, agencias gubernamentales y compañías que operan un sistema de detención y atención para niños inmigrantes, a nombre del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

Usted recordará que cuando los menores son separados de sus padres y puestos bajo custodia, primero son enviados a los centros de la Patrulla Fronteriza, bajo el Departamento de Seguridad Nacional, y luego son enviados a la Oficina de Reubicación de Refugiados de la Administración para Niños y Familias; una agencia del Departamento de Salud.

La oficina de refugiados alberga a casi 12 mil niños inmigrantes, entre ellos, los más de dos mil que fueron separados de sus padres bajo la política de Tolerancia Cero.

En total, el gobierno estadounidense espera gastar 943 millones de dólares durante este año por la detención y cuidado de los menores. Esta cifra podría incrementarse conforme la administración Trump aprehenda a más familias que cruzan la frontera de manera ilegal.

Durante el año fiscal 2017 se gastaron 958 millones de dólares por este mismo concepto.

La antigua tienda Walmart en Brownsville, Texas (ahora llamado Casa Padre), que Southwest Key convirtió en un centro de detención, llegó a albergar a unos mil 500 niños durante la parte más complicada de la crisis migrante.

También está la Casa Presidente, un centro más pequeño de Southwest Key, que alberga a menores más pequeños. Pero no se ha quedado así, de acuerdo con el diario Houston Chronicle, Southwest Key ha alquilado una nave industrial para construir un centro de detención que podría destinarse al alojamiento, a largo plazo, de hasta 240 niños, la mayoría menores de 12 años.

Aparte del pago millonario a estas organizaciones, el problema radica en que muchos de los centros de detención no cuentan con las condiciones adecuadas. El congresista demócrata por Arizona, Rubén Gallego, ha exigido que se abra una investigación sobre los edificios de oficinas en los suburbios de Phoenix, Arizona, arrendados por un contratista del gobierno federal.

Y es que una investigación publicada por Reveal, revela que desde el pasado 4 de junio, los vecinos vieron por primera vez a un grupo de niños migrantes en un edificio “vacío” y que por lo menos estuvieron en ese lugar hasta el 22 de junio. El problema es que los vecinos aseguran que el edificio tiene algunos baños, pero no tiene duchas, cocina, patio, dormitorios u otras instalaciones para niños.

Pero además, estas organizaciones invierten lo mínimo para la subsistencia de los migrantes detenidos. El costo de la comida que se les da es mínimo; acaso refresco y galletas. No hay servicios de salud, salvo en algún extraño caso.

Esta política de Tolerancia Cero, impulsada por Donald Trump, con la separación de miles de familias, es en verdad inmoral. Pero además, si estas organizaciones están obteniendo recursos para el manejo de estos migrantes, en particular niños detenidos, deberían, por lo menos, invertirle un poco a la alimentación.

En fin, siempre de la tragedia humana se genera dinero; y siempre los reclusorios han servido para este fin.

“Campos de concentración”

Pasan hambre, frío y duermen en jaulas, lejos de sus padres.

Las condiciones en que viven niños y adolescentes, hijos de inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, son objeto de indignación en la comunidad internacional, que pone en evidencia, entre otras cuestiones, hambre, frío y malos tratos en los centros federales de detención, en medio del trauma que sufren al haber sido separados de sus padres.

De acuerdo con testimonios recabados por AP, para muchos de los menores es difícil dormir, pues las luces están prendidas toda la noche y los guardias patean sus pies. Además, los baños están sucios y a veces, carecen de agua.

Ellos están hambrientos, pues lo que describen como sándwiches congelados y comida que huele mal, no les da para saciarse.

Encerrados en áreas enjauladas, pequeños mezclados con adolescentes, lloran por sus padres.

Éstas y otras quejas han sido incluidas en una serie de documentos presentados ante una corte de Los Ángeles, que llama a verificar si el gobierno de Donald Trump cumple con el acuerdo que regula el trato que deben recibir los niños inmigrantes.

En las últimas semanas, abogados, intérpretes y otros voluntarios entrevistaron a más de 200 padres y menores migrantes sobre las condiciones en los centros de detención. Los activistas dicen que el gobierno no cumple con sus obligaciones.

“Lo que dijeron es que están siendo forzados a pasar hambre, deshidratación, vigilia”, dijo Peter Schey, un abogado que pidió a la corte poner un monitor especial para ver que se cumpla con las medidas de detención.