El No Circula político: pleito entre Gobierno federal y la CDMX

¿Por qué razón en las últimas semanas se ha visto una aparente ruptura entre el Gobierno federal y el de la Ciudad de México? ¿En realidad es así? ¿Qué explica ese aparente alejamiento? Aquí algunos comentarios.

 Apariencias y hechos. Durante la primera mitad de las administraciones federal y local, que iniciaron de manera concurrente, las relaciones fueron de extrema colaboración. Miguel Ángel Mancera fue tolerante en diversas situaciones y pagó los costos políticos de esa cooperación. Seguramente a los capitalinos no se les ha olvidado que durante esa etapa la ciudad vivió azotada por las violentas manifestaciones de los maestros, que inclusive orillaron a que las dos Cámaras del Congreso de la Unión tuvieran que sesionar en sedes alternas, que se vandalizara la Puerta Mariana de Palacio Nacional, o se ocupara durante meses la Plaza de la República, entre varios estragos. A cambio, el gobierno capitalino recibió algunos beneficios: recursos presupuestarios para un fondo de capitalidad y la aprobación de una (muy cuestionada) reforma política que dio origen a la Ciudad de México y a la elección del Constituyente, realizada por el INE hace unas semanas. Tras los resultados electorales del 5 de junio de este año y la impopularidad de ambos gobiernos, la clase política tiene en la mira la sucesión presidencial de 2018. En ese contexto, y a partir de la crisis ambiental derivada de la pésima calidad del aire y el consecuente endurecimiento de las restricciones a la circulación vehicular en plena campaña electoral, se inserta la nueva lógica discursiva entre ambos gobiernos.

 Deslindar culpas y fallar al ciudadano. El caso de la verificación vehicular es un ejemplo de libro de texto de una pésima respuesta gubernamental ante un problema, y de cómo los partidos se van ajustando de cara al próximo ciclo electoral. El asunto es que hoy el ciudadano se encuentra en el peor de los mundos con respecto a esa política pública: se le pide que vaya a verificar su auto, que en ocasiones no puede hacerlo justamente porque aumentan sorpresivamente los días del “no circula”; puede llegar al verificentro y encontrarlo cerrado (como ocurrió a principios de mes), o que no da servicio a su máxima capacidad; en el extremo de lo ridículo, podría llevarse un auto nuevo, recién sacado de la agencia, y no pasar la verificación. Ante este abanico de incompetencias, que afecta directamente a los ciudadanos, los gobiernos federal y capitalino se deslindan y se echan la culpa el uno al otro.

Y de cara a las elecciones presidenciales —de interés personal para el Jefe de Gobierno—, cabría esperar que la administración local tenga incentivos para mostrar su faz más opositora y no cooperar con el Gobierno federal. Pero al ciudadano no le importa el problema de coordinación: lo que quiere es que el gobierno le resuelva sus problemas; más aún si las afectaciones provienen de las propias decisiones tomadas por el gobierno. Eso sí, en su calidad de ciudadano-votante ya tendrá más elementos para juzgar a ambos. No son los únicos dos partidos.

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