El PRD da marcha atrás

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Nadie puede rechazar el intento de un instituto político, como el Partido de la Revolución Democrática (PRD), para tratar de encontrar puntos de acuerdo entre las partes enfrentadas en un conflicto, en este caso entre la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y el gobierno federal.

El problema es que la base del acuerdo que estaría planteando el sol azteca implica, en los hechos, desconocer la Reforma Educativa y dar a la Coordinadora, utilizando otras palabras, lo que está pidiendo, que es abrogar la reforma y regresarle sus prerrogativas y recursos.

El PRD atraviesa un interesante proceso de reconstrucción interna y reposicionamiento externo. Hay una presidencia de consenso con Alejandra Barrales. La opción de Miguel Ángel Mancera para el 2018 se está fortaleciendo. El propio Jefe de Gobierno de la Ciudad de México ha logrado acercar a Cuauhtémoc Cárdenas a las labores del partido que fundó y al que hace unos años renunció, luego de que durante más de una década Andrés Manuel López Obrador lo había mantenido marginado. El instituto político ha comenzado a buscar su lugar y su espacio en la agenda nacional y todo eso está muy bien, es necesario para el PRD y para el país.

El problema es cómo se intenta hacerlo en temas como la Coordinadora y la Reforma Educativa. Ésta fue votada en forma unánime por el sol azteca (y todos los demás partidos políticos) en un acuerdo que trascendió, incluso, los términos del Pacto por México. Hubo consenso pleno de que sin esa reforma, y todo lo que ella incluía, no se podría avanzar en el desarrollo del país. El PRD fue de los más entusiastas, porque nadie que se diga de izquierda puede subestimar el poder de la educación como palanca para mover el desarrollo social. Pero desde Iguala ese instituto político perdió el camino, el de las reformas, y el del sustento de su apoyo a las mismas.

Ahora en su propuesta de acuerdo con la Coordinadora se habla de suspender la evaluación magisterial, de reformar la ley para adaptarla a los usos y costumbres de los estados y de entregar a las entidades mayores recursos para esa adaptación. Algunos puntos son positivos: sin duda puede haber adecuaciones a la reforma, pero lo que no se puede hacer es perder, en ese camino, su esencia: sin evaluación no hay reforma, sin capacitación magisterial tampoco. Sin poner un freno a las prebendas de estos grupos es imposible avanzar, sin comprender por qué Chiapas y Oaxaca no sólo tienen los mayores índices de pobreza, sino también los más bajos índices educativos no hay salida para esos estados.

Los usos y costumbres pueden ser importantes en muchos casos, pero cuando sirven, como ha ocurrido durante décadas, para justificar excesos y corrupción en la educación, se convierten en un lastre.

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