El pretexto del embargo cubano

Leonardo Núñez González

Después de 54 años de haber roto relaciones diplomáticas, los gobiernos de Estados Unidos y de Cuba las reanudaron este año. La escena reciente del izamiento de la bandera cubana en su embajada en Washington se convirtió rápidamente en la idea de que pronto todas las relaciones con la isla se restablecerían.

Sin embargo, una de las asignaturas pendientes en esta relación bilateral es la relativa al embargo. Por ello se ha vuelto controversial que Hilary Clinton, la precandidata demócrata a la presidencia, instara al Congreso a la suspensión del embargo a Cuba. Inmediatamente el sector republicano ha protestado y señalado que sería “una retirada en la lucha por la democracia en Cuba”, en palabras de Jeb Bush.

Es necesario recordar que el embargo cubano, a diferencia de las relaciones diplomáticas, no es una medida que dependa únicamente del Poder Ejecutivo, sino que tiene su fundamento en un grupo de leyes aprobadas por el Legislativo y que, por ende, sólo pueden ser revocadas por él. Los instrumentos principales son la Ley de Democracia Cubana y la Ley para la Libertad Cubana y la Solidaridad Democrática, mejor conocidas como Ley Torricelli y Ley Helms-Burton, respectivamente.

Ambas legislaciones establecen una serie de prohibiciones, limitaciones y sanciones para las compañías estadounidenses, e inclusive para las extranjeras, que comercien con la isla. La premisa fundamental era asfixiar al gobierno castrista y obligarlo al colapso. Por ello las restricciones se mantendrían, en términos de dichas leyes, mientras Cuba no hiciera lo necesario para “la democratización y mostrara más respeto hacia los derechos humanos”.

A pesar de que el bloqueo ha ocasionado grandes dificultades económicas para los cubanos y para el gobierno, el efecto principal ha sido el de alimentar una idea de excepcionalidad del gobierno cubano, que ha logrado resistir a los estragos de un “imperio” que busca destruirlos por sus ideales, pero que no lo ha logrado por las virtudes de la revolución. En ese sentido, en lugar de crear una presión para colapsar al gobierno, el bloqueo ha creado un mito al interior de la isla de la maldad del extranjero.

En el debate, entonces, se considera que la falta de respeto a los derechos humanos en la nación caribeña puede ser matizada por las dificultades que les impone un país que, a pesar de las restricciones, es uno de sus principales socios comerciales y hasta el mayor proveedor de alimentos.

Los republicanos ven como una traición el levantamiento del bloqueo porque le daría mayor bonanza económica a un régimen que, efectivamente, vulnera muchas libertades de sus ciudadanos. Sin embargo, si verdaderamente el gobierno quiere promover una mejora de los derechos humanos, valdría la pena que consideraran que eliminar la justificación o el pretexto de la opresión y la maldad internacional dejaría al gobierno cubano expuesto a ser el único responsable, sin nadie más a quien culpar. Darle al régimen todas las condiciones óptimas podría llevarlo con más facilidad al cambio que seguir dándole pretextos y justificaciones.

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