El problema del “dumping social”

Beatriz Martínez de Murguía

Se aproximan las elecciones al Parlamento europeo, previstas a fines de mayo, y comienzan también a difundirse las primeras encuestas, más o menos confiables aunque todavía no agregadas para el conjunto de la Unión Europea (UE), sobre la intención de voto de los ciudadanos europeos.

Se espera no sólo una abstención que podría superar el 50 por ciento, sino también, mucho más grave aún, un aumento importante del voto de los euroescépticos, que bien sea en forma de UKIP (Reino Unido), Frente Nacional (Francia) o el Partido por la Libertad (Holanda), entre otros, coinciden, a pesar de sus particularidades nacionales, en mezclar el reproche a la UE de todos los males con una xenofobia que no ha dejado de crecer a la sombra de problemas muy reales por otra parte y vinculados, sobre todo, al desempleo y un desencanto generalizado.

El último debate, al que hace unos meses la revista francesa Marianne (nada sospechosa de connivencia con la extrema derecha) dedicaba su primera página bajo el título de “La bomba social y política”, y que va haciendo eco a medida que se acercan las elecciones europeas, se refiere a la competencia feroz que los llamados “trabajadores desplazados” suponen para otros ciudadanos de la UE.

Una disposición, aprobada en 1996, permite que trabajadores de la UE trabajen en otro país miembro aunque sea en peores condiciones. Lo que en un principio buscaba simplemente apuntalar lo que muchos consideran ya un pilar básico de la UE, la libre circulación de personas entre los países miembros puede terminar convirtiéndose en uno de los temas fundamentales sobre los que los partidos mencionados más arriba cosechen miles de votos.

Trabajadores de la Europa del Este, húngaros, búlgaros y, sobre todo, polacos se desplazan por días o semanas a países como Alemania o Francia, donde laboran por salarios muy inferiores a los trabajadores locales: más aún, debido a que sus empleadores pagan la cotización social que corresponde a su país de origen, que suele ser inferior también a la del país de acogida, se calcula que en promedio el costo de esta mano de obra termina resultando un 30% inferior.

Trabajadores y empresarios de los países de acogida se quejan de una competencia desleal propiciada, eso dicen y así parece, por una maraña de intermediarios, contratistas y subcontratistas que aprovechan las diferencias jurídicas entre los países para escapar a todo control y fiscalización.

La queja interpuesta por Bélgica, hace justamente un año ante la Comisión Europea, es significativa: denunciaba el “dumping social” de los mataderos alemanes, algunos de los cuales llegan a emplear hasta el 80% de sus trabajadores bajo la “Directiva de aplicación sobre trabajadores desplazados”, lo que ha provocado la quiebra de muchos mataderos de sus países vecinos.

Las cifras que se ofrecen son reveladoras del problema: un “trabajador desplazado” procedente de la Europa del Este cobraría en uno de esos mataderos alemanes entre 3 y 7 euros la hora, incluida su cotización social, frente a los 18 o 20 que podría ganar un trabajador francés o alemán.