Domingo 12.07.2020 - 15:10

El Verde y el Estado de derecho

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
Por:

Horacio Vives Segl

Como todos sabemos, la semana pasada el Consejo General del INE resolvió una petición, en forma de queja, que buscaba la declaratoria de pérdida de registro del Partido Verde. Por su condición de árbitro en un ámbito extraordinariamente politizado, muchas de las decisiones adoptadas por el INE son complejas y no necesariamente se votan por unanimidad. Por los mismos motivos, en no pocas ocasiones esas decisiones son analizadas bajo severas y muchas veces irracionales críticas; muchas de ellas serán profundamente impopulares, y ni modo: el árbitro no tiene por qué tomar decisiones para quedar bien con determinado clima de opinión, ya sea con un “movimiento twittero” (o, como memorablemente dijo en la sesión el representante de ese partido, “esa vacilada del change.org, firmada por colombianos”). Como cualquier autoridad, el INE debe aplicar la ley. Pretendo con este preámbulo separar la estridencia mediática y los argumentos “de dignidad” o moralinos sobre el caso que nos ocupa y preocupa. Creo que un análisis responsable es algo más complejo que sólo valorar si se equivocó o no el INE. No es una cuestión de bandos o de colocarse del lado bueno de la historia. Van algunos elementos estrictamente de orden lógico y jurídico para contribuir al debate.

 Debate suma cero. Que el Partido Verde violó la ley —ratificado así en plena campaña por el Tribunal Electoral— está fuera de toda discusión. Lo hizo repetidamente, sistemáticamente, de manera grave y con varios agravantes. Mientras se sucedían las denuncias y las sanciones, antes de la jornada electoral, se empezó a debatir si debían ser los ciudadanos en las urnas o la autoridad electoral la que debía decidir sobre el destino de un partido que se comportaba de esa manera. Por ahí se empezó a decir que sólo debía corresponder a los ciudadanos premiar o castigar, con su voto, a los contendientes políticos y decidir así su permanencia en el sistema de partidos (como quedó demostrado en las pasadas elecciones, en las que el electorado decidió la permanencia de los partidos Morena y Encuentro Social, no así del Humanista y del PT –o al menos, en eso parece que concluirá la suerte de éste último-). A ese argumento habrá que contestar que sí y no: lo que los ciudadanos premian o castigan, en todo caso, es el desempeño político de los candidatos y los partidos (y de los gobiernos emanados de éstos), siendo éste sólo uno de los factores que los electores pueden tomar en cuenta al momento de depositar su voto. Cuáles serán en realidad el resto de factores para cada elector, y cómo los ponderará en su conjunto, es una decisión personalísima. El que un partido político o un candidato se haya apegado o no a la ley es un factor que, libremente, el elector podría ni siquiera considerar en absoluto en su ecuación personal al momento de emitir su voto. De ahí que la preservación del Estado de derecho vaya por otro cauce.

 Democracia, elecciones y Estado de derecho. En un Estado democrático de derecho, este último controla a la democracia. Incluso el poder ciudadano debe estar bajo el imperio del derecho, pues de otra manera, fácilmente se podrían producir excesos por parte de las fuerzas mayoritarias en contra de las minoritarias. En un Estado democrático de derecho, pues, todos los contendientes políticos, mayoritarios o minoritarios, deben estar sujetos a la ley. ¿Y a quién debe corresponder evaluar si lo están haciendo o no? No puede ser al electorado, pues entonces caeríamos en una enorme falacia: los ciudadanos, al ir a votar, no van a impartir justicia; acuden, como antes señalamos, a elegir —a partir de los criterios que libremente determinen— a quienes habrán de representarlos en el ejercicio de las funciones públicas. El electorado no es una instancia de justicia. No es esa su función y no podemos demandárselo. Pedir a los ciudadanos que hicieran eso, al momento de votar, estaría completamente fuera de lugar (imagínese, llevando el argumento al absurdo: ¿tendríamos que presumir que el candidato más votado es el más justo y por lo tanto todos sus pecados, faltas o delitos quedan perdonados? ¿Y sobre los candidatos y partidos menos votados habría que presumir que el electorado los juzgó y sentenció de manera condenatoria?).

 Impacto de la estrategia. Mucho se ha discutido sobre el posible impacto de las acciones del Verde, y las sanciones que le fueron impuestas, en la votación que recibió el 7 de junio. La verdad, es imposible saberlo: las encuestas en eso poco ayudan, pues legalmente sólo cuenta el resultado en las urnas, y como ya dijimos, no podemos penetrar en los cerebros de los electores para conocer qué los llevó a votar o dejar de votar por un candidato o un partido determinado. De cualquier forma, decir que tendría que presumirse que sí hubo un efecto, porque la votación del Partido Verde acabó resultando un poco menor que lo que decían las encuestas unas semanas antes (y que por lo tanto ya “sufrió las consecuencias”), es confundir la gimnasia con la magnesia, en todo su esplendor. Al momento de juzgar si un partido o un candidato se apegó o no a las leyes, el resultado que obtuvo en las urnas no importa, o no debería de importar: pudo haber caído en preferencias del 10% al 4%, o haber subido del 10% hasta tener mayoría absoluta, y en cualquiera de esos casos, dado el catálogo de infracciones cometidas, su estatus de violador contumaz de la ley sería exactamente el mismo. ¿O tendríamos que concluir, si la votación terminó subiendo, que el electorado no sólo no lo castigó sino que lo “premió”, y por lo tanto hay que eximirlo de cualquier sanción? En ese caso, la democracia se quedó sin derecho y pasó a convertirse en vulgar demagogia.

 Mensajes cruzados. Ante la conducta desplegada por el Partido Verde, algunos opinan que “la estrategia le salió cara” por haber sido sancionado en múltiples ocasiones y con casi 600 millones de pesos (equivalente a quedarse sin financiamiento público por más de un año). Para otros, la conclusión es que “el crimen paga”: el partido logró el mayor número de diputados que nunca había tenido antes, y a cambio sólo se le impusieron unas multas, que ya verá cómo hacer para que no le afecten en su operación (como si no hubiera antecedentes de que armar estructuras de financiamiento y gastos paralelos no es tan difícil, y es más difícil aún detectarlas, e incluso si la autoridad lo hiciera, ya dejó claro que no lo va a castigar, más que con alguna otra multa, y así al infinito). Se mandó, pues, la señal de que los partidos pueden violar la ley sin afrontar consecuencias que realmente constituyan un castigo. ¿Dónde está el elemento disuasorio para buscar erradicar esta clase de conductas de nuestro sistema electoral? ¿Cómo exigir respeto a las reglas, si violarlas de forma notoria, una y otra vez, produce réditos que previsiblemente superarán cualquier castigo probable? Para más inri, las multas ni siquiera las pagan de sus bolsas los responsables de las faltas, sino del financiamiento público, que proviene de los contribuyentes.

 “Gravedad extrema” y “medida límite”. Es cierto que ningún partido impidió que se realizaran las elecciones, ni hasta ahora se ha comprobado que alguno de ellos se encuentre infiltrado por el crimen organizado, o que sea financiado por algún culto religioso. Lo que vimos en el caso del Partido Verde se encuentra en un nivel menos peor que cualquiera de esas posibilidades. Pero la pregunta que surge ahora es: ¿se mandaron incentivos para “subir la apuesta”? ¿En este descenso hacia los infiernos del juego político sucio, cuál será el peldaño siguiente —que, puede irse prediciendo, en tanto queden más peldaños por bajar, tampoco será suficiente para que un partido pierda su registro—? Los ciudadanos van formando ya su juicio; puede que tengan todo esto en cuenta la próxima vez que voten… y puede que no. ¿Qué hará la autoridad, que sí tiene la obligación de impartir justicia?

hvives@itam.mx

Twitter: @HVivesSegl