El virus de la corrupción
Luciano Pascoe
Desde Sudamérica llegan noticias sobre los costos de la corrupción en dos países a los que el mundo solía ver como referencia en el desarrollo económico para naciones emergentes.
Michel Bachelet, presidenta de Chile, pidió la renuncia a todo su gabinete y anunció un plazo de 72 horas para definir la reestructuración de su gobierno, a causa de múltiples señalamientos de corrupción.
La chilena está en la mira por señalamientos contra su propio hijo y nuera, quienes desde hace dos meses están bajo investigación por la compra de terrenos en el sur de su país usando información privilegiada y traficando influencias.
De manera tardía, esta semana aceptó su responsabilidad por omisión al no haber supervisado lo que su hijo hacía desde un cargo honorario en la oficina de la presidencia.
Ella está en uno de los peores momentos de su gobierno y en un mínimo de aprobación para la presidencia chilena. En la más reciente encuesta Bachelet aparece con 64 por ciento de desaprobación entre sus ciudadanos, luego de haber tomado posesión con niveles de aprobación extraordinarios.
Pero, Bachelet no está sola en esto. La clase política chilena, en particular quien ocupaba el cargo de ministro del Interior, la persona más cercana a Bachelet, está bajo sospecha por financiamiento indebido de campaña y pagos irregulares junto con legisladores, operadores políticos y otros miembros del gobierno.
La economía chilena está a tiempo de capotear el temporal y sostener su rumbo si se toman las medidas adecuadas.
Otra presidenta, la de Brasil, también está hundida en los escándalos de corrupción de su gobierno.
Petrobras es una empresa productiva del Estado brasileño a la que fraudes, tráfico de influencias, desvío de recursos y cobro de comisiones por contratos le costaron el año pasado una cifra que ronda los dos mil millones de dólares.
Para la economía de Brasil es ya tarde y el impacto de la corrupción ha permeado en las finanzas públicas ante el boquete que representa el daño a Petrobras.
El sector de la construcción está detenido, en parte por las expectativas desfavorables —Brasil se estancó en 2014 y se espera un decrecimiento del PIB de uno por ciento en este año— y en parte porque las grandes empresas constructoras están en quiebra y vinculadas a los fraudes de Petrobras a tal punto que varios ejecutivos están en la cárcel y otros bajo investigación.
Las pérdidas de Petrobras representan un gran vacío en sus finanzas públicas que muestran déficit por primera vez en 13 años, lo que impactará directamente en los programas sociales y, consecuentemente, a la base de apoyo de Rousseff.
El congreso brasileño discute si aprueba los recortes al gasto social, en especial en lo relativo al seguro de desempleo, propuestos por la presidencia para evitar empeorar la situación. Si esto se ve a la luz de la tasa de desempleo de casi ocho por ciento (en comparación con el 4.8 por ciento de diciembre), son comprensibles la falta de optimismo y las protestas masivas a las que los sindicatos —aliados naturales del partido en el gobierno— han convocado.
Brasil está a punto de convertirse en un espejismo y, en gran medida, se debe a la corrupción. La crisis política chilena surge del mismo virus.
En México las cosas no van mal, pero tampoco van bien; nuestra historia con la corrupción es larga y demasiado cercana. Somos un país con poco respeto por las leyes y la autoridad; la facilidad que genera a los servidores públicos estirar la mano y a los ciudadanos o empresas llenarla de dinero para acelerar las cosas es por demás nociva.
Se estima que el costo de la corrupción en México es de dos por ciento del PIB, unos 340 mil millones de pesos al año que podrían ser destinados a cualquier cosa en vez de ir a los bolsillos de unos a costa de casi todos.
Las recetas para combatir el virus son muchas y casi todas pueden resultar efectivas si existe voluntad para dejar de alimentarlo. Tanto gobiernos como empresas y ciudadanos tienen la obligación de evitarlo.
El reciente caso del exdirector de la Conagua es una muestra del parcial combate a la corrupción. Está muy bien que dejara el cargo y mejor que lo sancionaran, pero muy mal que hayan tenido que ser los ciudadanos y los medios los denunciantes.
Los gobiernos deben crear mecanismos de control y vigilancia para detectar y sancionar a todo aquel que corrompe y se corrompe; solo así dejará de valer la pena la corrupción. No hay de otra.
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