En defensa de Cordova

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
Por:

Horacio Vives Segl

En estricto sentido, Lorenzo Córdova no requiere de opinadores que lo defiendan. Su trayectoria política y académica avala su compromiso con las mejores causas y valores de la democracia y van mucho más allá del episodio —poco afortunado— sobre el cual ya ofreció la necesaria y pertinente disculpa. Con todo, sirva el caso de la ilegal llamada telefónica privada, ampliamente difundida la semana pasada, para hacer algunas reflexiones y contextualizar algunas destempladas opiniones que se han expresado al respecto.

 Los excesos de lo políticamente correcto. Sin duda alguna, ha sido muy positivo el avance en los derechos de ciertos grupos minoritarios y/o vulnerables. Ello ha incluido cambios en leyes, actitudes y lenguaje. Pero en la ruta para conquistar esos derechos en no pocas ocasiones se ha caído justamente en el extremo de lo que no debería ser: precauciones y restricciones para no cruzar los límites de lo que —por modas y épocas— se ha definido como “políticamente correcto”. Las reacciones y condenas por salirse de esas convenciones pueden mostrar tanta intolerancia, hipocresía y virulencia como las que se tratan de erradicar.

 El derecho a la privacidad. Cualquier democracia liberal (no puede haber de otro tipo) debe defender a ultranza un espacio para que los individuos podamos ejercer plenamente nuestras libertades. El derecho a la privacidad es irrenunciable y el Estado debe protegerlo y garantizarlo. De ahí que resulte totalmente inadmisible tanto la obtención ilegal como la difusión de la llamada. De nueva cuenta se ha entendido mal el avance de la transparencia, de la rendición de cuentas y de la máxima publicidad de los actos de los servidores públicos. El contenido difundido de la llamada de marras fue polémico porque en el caso se acredita la hipótesis de que ninguna conversación privada resiste el filtro del escrutinio público. A nadie debería importar lo que hagan o digan ciertos funcionarios públicos —ahora eufemísticamente llamados “figuras políticamente expuestas”— en su ámbito privado, siempre y cuando se conduzcan, en su desempeño público, con probidad y apego a la ley. Por ello el énfasis del episodio de la semana pasada tendría que estar en la ilegalidad de la intervención y en exigir una investigación que culmine en sancionar ejemplarmente a los culpables del espionaje y evitar que se repitan

casos como éste.

  Timing político. Otro aspecto verdaderamente lamentable es el hecho de que (¿coincidentemente?) su difusión se realizó justo cuando el Consejo General del INE estaba por tomar importantes decisones sobre la contienda electoral. Algunas de ellas: el incremento en la gradación a las sanciones al Partido Verde y la discusión sobre la posible cancelación de su registro, o el asunto sobre la posible candidatura de Marcelo Ebrard a diputado federal (que el Tribunal Electoral revierta las decisiones del INE es otra cuestión, en la que, por cierto, habría que tener claro por qué los magistrados achacan a los consejeros un desacato cuando el acto impugnado no era el mismo, y por lo tanto no fue que no se ejecutara una sentencia, sino, en todo caso, que no se resolviera en el mismo sentido de un precedente, cuando todos sabemos que en nuestro sistema jurídico los precedentes no resultan obligatorios mientras no exista jurisprudencia). En fin: la lectura inequívoca es que se trata de desacreditar a la autoridad electoral. Y si bien no está confirmada, por ahora, una conexión entre los responsables del espionaje y algún interés partidista determinado —eso lo tendría que resolver, y pronto, la investigación—, claramente no resultaría extraño que así fuera; como tampoco resultaría raro que se presenten nuevos embates (más llamadas y videos) antes del fin del proceso electoral. En cualquier tipo de contienda, y ésta no tendría por qué ser la excepción, existe una tentación natural, por parte de los jugadores, a descalificar la actuación del árbitro. No hay que ser ingenuos ni sorprenderse por ello, dado que sus resoluciones siempre dejan afectados e inconformes. Atacar al árbitro les sirve a los jugadores para legitimar el discurso de responsabilizarlo por su derrota, o bien para magnificar su victoria “a pesar” de él. Pero minar su margen de actuación y su credibilidad es, además de un gravísimo error táctico (a mediano plazo), un acto éticamente deleznable. Es una tentación en la que no deberían caer.

hvives@itam.mx

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