En Veracruz protegen impunidad

Más que abrumado, acosado por tanta violencia que se registra en un número cada vez mayor de municipios; por los enérgicos reclamos ciudadanos ante las desapariciones forzadas de jóvenes que policías estatales y municipales detienen para entregarlos a grupos criminales o ante exigencias de castigar a cuatro “juniors” acusados de una violación tumultuaria a los que a toda costa se protege, el fiscal general, Luis Ángel Bravo, declaró: “en Veracruz el que la hace la paga, sea quien sea”.

A sabiendas de que no ha sido ni es así y de que la responsabilidad personal que se le imputa en no pocos casos en los que prevalece la impunidad el expresidente del Instituto Veracruzano de Acceso a la Información, abogado litigante y amigo cercano del gobernador priista Javier Duarte, anunció la captura de un octavo policía involucrado en la desaparición de tres jóvenes en Papantla y ofreció que “habrá más detenidos”.

DE ESTO Y DE AQUELLO…

No habrá ninguna prórroga más para que el grupo de “expertos” de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que “investiga” el paradero de los 43 normalistas de Ayotzinapa permanezca en México una vez que concluya esa tarea el 30 de abril, aseguró el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.

Dijo que en el mes que falta el GIEI deberá entregar una conclusión, ya que hasta ahora “no encontramos una línea diferente a la de la PGR” y recordó que quedó muy claro en el acuerdo habido con los padres de los estudiantes que la permanencia sería de seis meses, cuyo término es el último día del mes que se inicia el próximo

viernes.

Durante el acto que para recordar los 18 meses de la desaparición hubo el sábado 26 en el Hemiciclo a Juárez, el vocero de los padres, Felipe de la Cruz, dijo que esperaban que el titular de Gobernación “cumpliera el ofrecimiento” que supuestamente les hizo de que el grupo permanecería otros seis meses.

Ahora resulta que, “por el desprestigio” al que los han llevado los escándalos de corrupción con el financiamiento que reciben de la autoridad electoral, senadores del PRI y del PVEM propondrán cambiar éste con una reforma al artículo 41 constitucional para que los montos se calculen con base en votos emitidos, y no en el número de ciudadanos registrados en el padrón electoral.

Ese “desprestigio” de cara al electorado no es tanto por esos malos manejos de recursos al interior de los partidos —que los hay, desde luego—, sino por el cada vez más marcado rechazo ciudadano a las desmedidas ambiciones de algunos de sus dirigentes en alcanzar no solamente poder político, sino también, y sobre todo, económico, de lo que sobran ejemplos.

fcardenas@pulsopolitico.com.mx

Twitter: @MXPulsoPolitico