Entre la consternación y el absurdo

Un día antes de que comenzara el mundial José Woldenberg escribió, en Reforma, que dos pesadillas lo acosaban. Una, que la selección mexicana no pasaba de la primera ronda y el país estallaba en furiosa consternación; otra, que la selección conquistaba el campeonato y entonces todo se volvía eufóricamente absurdo. Guardadas las proporciones, dos escenarios muy similares se configuraron en el tribunal de la opinión con respecto al dictamen del ministro Zaldívar sobre el caso de la guardería ABC.

El meollo del dictamen eran dos propuestas. La primera consistía en darle un nuevo sentido a la facultad de investigación de la Suprema Corte, en asumirla como un recurso extraordinario (“cuando por el estado de cosas el ejercicio de otros recursos ordinarios no alcanza”) para determinar violaciones graves de las garantías individuales y, esto era lo fundamental: “señalar la responsabilidad […] de los funcionarios públicos que por acción u omisión incurrieron en ellas”. La segunda consistía en vincular la violación de garantías en el caso particular de la guardería ABC con la existencia de un “desorden generalizado en el otorgamiento de los contratos, operación y vigilancia de las guarderías subrogadas” de modo que la responsabilidad se adjudicara no sólo a los funcionarios menores directamente implicados sino además, a los de la más alta jerarquía en el Instituto Mexicano del Seguro Social, el gobierno de Sonora y el Ayuntamiento de Hermosillo.

El dictamen, a final de cuentas, perdió. La Suprema Corte reconoció que hubo violaciones graves de garantías, pero no señaló “responsables” ni admitió el vínculo entre la tragedia de la guardería ABC y el estado de “desorden generalizado” en el sistema, por lo que sólo nombró como “involucrados” a funcionarios menores. Es decir que, como consecuencia del fallo de la Corte, nadie fue removido de su cargo, nadie fue inhabilitado, nadie irá a la cárcel.

Ocurre, sin embargo, que de haber ganado el dictamen las consecuencias no serían muy distintas. Porque la Corte hubiera podido señalar “responsables” a lo largo de toda la cadena de mando hasta llegar a los funcionarios del más alto nivel, pero al carecer de “fuerza vinculante” su resolución no obligaría a que nadie fuera removido de su cargo, a que nadie fuera inhabilitado, ni a que nadie fuera a la cárcel. Sería, simplemente, un mero pronunciamiento.

Entiendo que la facultad es anómala y el caso complejo. Con todo, los hechos son que cuarenta y nueve menores murieron, ciento cuatro sufrieron lesiones, que la Suprema Corte decidió que no hubo responsables… y que aunque hubiera decidido que sí los hubo se trataría de una responsabilidad sin consecuencias.

Ese es el estado de la justicia en México: entre la consternación y el absurdo.

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