Entre petardos y la “Ley Bala”

Javier Solórzano Zinser

Más enfrentadas no pueden ser las versiones sobre lo que pasó en San Bernardino Chalchiuapan, Puebla, el 9 de julio, en donde los habitantes del poblado bloquearon la carretera como protesta porque habían cerrado el registro civil de la localidad.

En la refriega, una bala de hule o un petardo, según se hable con los manifestantes o con el procurador del estado, causó la muerte del niño José Luis Alberto Tehuatlie, de 13 años de edad, después de estar en coma varios días.

El hecho se enmarca en la decisión que tomó el Congreso poblano, el cual aprobó una nueva disposición para enfrentar manifestantes con la “Ley Bala”, que permite la acción de la autoridad a través del uso de balas de goma.

La creación de disposiciones legales que permitan a la autoridad el uso flagrante de la violencia termina por criminalizar la protesta. En el fondo lo que sucede es que se le otorgan a la policía nuevos instrumentos para reprimir la protesta. Partamos del supuesto de que la bala de hule no ocasionó la irreparable pérdida de la vida de José Luis. Con todo y ello, la “Ley Bala” se convierte en el eje del debate porque el gobierno y el Congreso del estado determinaron nuevas formas para reprimir más que para abrir espacios para la negociación.

Lo que subyace en la decisión es el diseño de instrumentos que sirvan para que la protesta sea atacada con violencia. La crítica se centra en que se criminaliza la protesta porque de no ser así, no se estaría apelando al uso de nuevos elementos violentos para actuar. Al hacerlo se coloca a la protesta y a la manifestación separadas de su hábitat natural, que es la democracia, la libertad y la movilización.

Se toman decisiones sobre escenarios posibles y sobre la idea de cómo enfrentar la situación que se vive en el estado, digamos que en la estrategia en que se basa la acción está la concepción misma del problema que se tiene enfrente.

Con balas de hule o sin ellas, José Luis falleció. Ahora el gobernador ha propuesto abrogar la ley; le tocará al Congreso decidir y, por lo que se ve no será por razones técnicas, en el corto plazo. Lo grave es la muerte del niño y que se piense desde el gobierno que una forma para enfrentar la protesta debe ser cerrar espacios y actuar con eso que llaman firmeza.

Con todo y la eventual presencia de provocadores y petardos, la autoridad sabe que en esos momentos muchas cosas pueden pasar y debiera estar preparada para ello. Su obligación es negociar y resolver pero, ¿qué hacer cuando le dan armas y disposiciones legales que envalentonan y pueden llevar a actuar fuera de la propia ley?

 RESQUICIOS. Así nos lo dijeron ayer:

* Cuando se conozca en qué parte del subsuelo hay petróleo, el problema será determinar la propiedad de la tierra siendo que vivimos en medio del caos en el tema: Miriam Grunstein, académica del CIDE.

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