¿Es inevitable la caída de Dilma?

La crisis económica, política, social y hasta ética que atraviesa Brasil no tiene precedentes desde el retorno del país a la democracia en 1985. Luego de la votación del lunes pasado del “Informe Arantes” —el pronunciamiento del relator de la Comisión Especial de la Cámara de Diputados, que lo aprobó por 38 votos a favor, contra 27 en defensa de la presidente—, el juicio político a Dilma Rousseff va avanzando. Aquí un análisis del entorno de la crisis y tres posibles escenarios.

Escenario 1, juicio político. La acusación del “crimen de responsabilidad” consistente en un “ataque a la Constitución” por adulterar el déficit público en las cuentas de dos años avanza entre vericuetos, en una Cámara de Diputados fraccionada en 25 bloques. Antes de la ruptura de la coalición gobernarte (el vicepresidente Michel Tamer, del PMDB se separó hace unos días del gobierno), la coalición opositora tenía apenas 111 de los 342 votos requeridos (mayoría calificada de dos terceras partes sobre un total de 513) para aprobar en esa instancia el impeachment. Hoy en día, se calculan 306 votos a favor (60%). De alcanzarse los 342 —lo que cada vez se ve más probable— se llevaría la acusación al Senado, para que por mayoría absoluta de esta última cámara (41 de 81 votos) sea aprobada una separación provisional por seis meses, en tanto el mismo Senado lleva a cabo el juicio en sí, al final del cual la destitución definitiva tendría que ser aprobada por mayoría absoluta de dos tercios.

Escenario 2, anulación del mandato. Paralelamente al juicio político, avanza en la vía de la justicia electoral una causa derivada del posible financiamiento ilegal de la campaña para la reelección de Dilma en 2014. El Tribunal Superior Electoral deberá resolver si los tentáculos del escándalo del petrolão, el esquema de corrupción en Petrobras, llegaron a la contienda presidencial, con lo que la posible y esperada sanción sería la anulación del

mandato de Rousseff… pero también de Tamer, al haber sido su compañero de fórmula. Si la anulación se diera antes de la mitad del mandato (31 de diciembre de este año), se convocaría a nuevas elecciones; si fuera después de esa fecha, el sucesor sería electo de entre los miembros del Congreso para culminar el término para el que se había electo a Dilma.

Escenario 3, convocatoria a elecciones anticipadas. Otra opción —poco probable, pero que va tomando visibilidad— es una reforma constitucional para anticipar las elecciones presidenciales de octubre de 2018 para empatarlas con las municipales a celebrarse en octubre de este año. Poco probable, pero sería la salida menos costosa para Dilma.

La cadena en la sucesión presidencial. Aquí se puede ver reflejada la “carnicería política” que vive Brasil. El primero en la línea de sucesión es el vicepresidente Michel Tamer. La semana pasada, un juez del Supremo Tribunal Federal (STF), Marco Aurélio Mendes de Farias Mello, le ordenó al presidente de la Cámara de Diputados, Eduardo Cunha, que aceptara un pedido de inicio de juicio político contra Tamer. Cunha se resiste a la solicitud (al ser compañero de partido de Tamer) y ha amagado con darle entrada a otras nueve solicitudes de juicio político contra Rousseff. El segundo en la línea de sucesión es el propio Eduardo Cunha, quien a su vez también enfrenta una acusación asociada al caso Petrobras (situación inédita, al ser el primer presidente de la Cámara de Diputados que enfrenta un proceso judicial por corrupción) y, además, fue señalado recientemente en el caso de los Panama Papers. El tercero en la fila sería Renan Calheiros, presidente del Senado, también investigado por el petrolão. En una combinación de factores poco probable, al frente del gobierno brasileño podría quedar el presidente del STF, Ricardo Lewandowski.

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