Excesos de la PGR

Decir que la PGR comete excesos es un pleonasmo. Pero no por repetidos deben ser pasados por alto.

Su decisión de recurrir ante la Suprema Corte el tema de los matrimonios gay no es, como alegan, una preocupación constitucional, sino un ardid para, por un lado, dirimir disputas con el gobierno de la ciudad de México y, por otro, para congraciarse con los grupúsculos más retrógradas de Acción Nacional, con sus clientelas afines y con la porción del electorado que se escandaliza con lareforma para que personas del mismo sexo contraigan matrimonio y adopten niños.

La PGR dice que en esa reforma “se encontraron detalles que… se apartan del fin constitucional de protección de la familia”, introducido por cierto durante la presidencia de Luis Echeverría —quién dijera que los panistas vendrían a defender su legado—, mediante una reforma al artículo 4o constitucional, y le corresponde por tanto intervenir. Pero ni el pensamiento jurídico mexicano ni la presentación política de la acción federal parecen apoyar su argumento.

Decir, en primer término, que la PGR se toma atribuciones que no le tocan no es necesariamente exacto. Es cierto que desde los años treinta del siglo pasado ha habido una larga discusión sobre si deben estar reunidas en una misma dependencia las funciones del ministerio público y las de representación y asesoría del ejecutivo federal en asuntos que éste considere, presuntamente, de “interés nacional”, razón por la cual se ha planteado crear una fiscalía general independiente y motivo que llevó a crear la consejería jurídica de la Presidencia. Pero el consenso de los expertos agrega que tales “asuntos” tienen que ver con decisiones claramente inconstitucionales o que generan una controversia entre dos partes respecto de ellas. Sugerir, como lo hace la PGR, que la legalización de los matrimonios gay cabe en alguno de estos supuestos es una desmesura.

En segundo lugar, no hay en este paso un atentado a la familia, tal como ésta se concibe en un Estado laico, y por ende no hay nada que proteger a través de un recurso como el presentado por la PGR. Al contrario, como explicó Rodolfo Lara Ponte, un tratadista antiguamente en la UNAM, en un ensayo de 1997, la “seguridad familiar queda trazada e incorporada en la Constitución con los derechos a formar, organizar y desarrollar una familia…”, lo cual implica, agrego yo, la decisión de emparejarse con otra persona. Lo que la reforma del DF hace es, justamente, tal y como lo dice el artículo 4o, hacer realidad el principio de igualdad de hombres y mujeres ante la ley, en este caso para casarse y adoptar de conformidad con la legislación civil.

Finalmente, es explicable que el gobierno panista quiera responder a la presión de sus bases o simpatizantes por razones religiosas, políticas y electorales, pero bajo ninguna circunstancia es justificable que utilice una institución del Estado laico para intentar resolver una asignatura partidista.

Eso es, francamente, un exceso.

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agp