Expresidentes en desgracia

Una constante de la historia política latinoamericana es la desgracia de los expresidentes. En el pasado, cuando predominaban las dictaduras y los autoritarismos, la suerte de los mandatarios, tras abandonar el poder, se movía entre la muerte, la prisión, el exilio y, en el menos malo de los casos, el escarnio público.

En las últimas décadas, con la llegada de la democracia, se vuelve común la apertura de procesos judiciales contra expresidentes. Podría pensarse que esa judicialización forma parte de la consolidación democrática, pero, bien pensado el asunto, parece responder a la subordinación de los aparatos de justicia al poder Ejecutivo. Mientras gobiernan los presidentes son impunes, cuando abandonan el cargo son vulnerables.

“La subordinación de los poderes judiciales al Ejecutivo de turno se vuelve, en el momento del abandono del poder, contra el propio mandatario, ya que actúa como un mecanismo de ajuste de cuentas para la administración entrante. De manera que el tipo de democracia que se reproduce en la región resta incentivos a la autonomía del poder Judicial”

Lo que sucede en América Latina con los expresidentes está muy lejos de ser obra exclusiva del revanchismo de la derecha. Lula da Silva está preso y Cristina Fernández de Kirchner se enfrenta a un juicio oral. Pero otros expresidentes de derecha, como los peruanos Alberto Fujimori y Alejandro Toledo, el panameño Ricardo Martinelli, el salvadoreño Elías Antonio Saca y el guatemalteco Otto Pérez Molina, no están en mejor situación.

Algunos de esos mandatarios han sido encarcelados y otros están siendo procesados. El saldo de las operaciones de la megaempresa brasileña Odebrecht ha resultado nefasto para varios gobiernos latinoamericanos en la última década. Los sobornos, los contratos preferenciales y la malversación de fondos privados o públicos, impulsados por el emporio brasileño, han develado una auténtica epidemia de corrupción en el subcontinente.

Hemos reiterado la idea en esta columna y vale la pena regresar a ella una vez más: la corrupción, en América Latina, no es patrimonio de la derecha. Odebrecht es el mejor ejemplo de la creación de redes de corrupción en la clase política latinoamericana y caribeña, que traspasan las fronteras de la ideología.

[caption id="attachment_809383" align="aligncenter" width="1188"] Keiko, hija del expresidente de Perú, Alberto Fujimori, llora el miércoles pasado, luego de que la Corte Suprema de ese país le negara un indulto médico a su padre.[/caption]

Pero la corrupción tiene un radio de acción fundamentalmente nacional en América Latina. Es en la discrecionalidad del poder en materia de contratos, inversiones y créditos y en los nexos del dinero con el financiamiento de partidos políticos y campañas electorales, donde se encuentra el origen de la mayoría de los

casos de corrupción.

La subordinación de los poderes judiciales al Ejecutivo de turno se vuelve, en el momento del abandono del poder, contra el propio mandatario, ya que actúa como un mecanismo de ajuste de cuentas para la administración entrante. De manera que el tipo de democracia que se reproduce en la región resta incentivos a la autonomía del poder Judicial. Un poder judicial dependiente o uno autónomo pueden resultar igualmente dañinos

para el poder político.

Desde un punto de vista histórico, el fenómeno hace evidente un control práctico bastante generalizado sobre los poderes judiciales. Durante las transiciones a la democracia, en los años 80 y 90 del siglo pasado, la independencia de los tribunales de justicia y las cortes supremas se convirtió en un punto de consenso normativo, que se plasmó en la mayoría de los textos constitucionales.

“Sólo en muy pocos países, específicamente en Venezuela o Nicaragua, se ha llegado a una reacción de signo contrario, es decir, a la perpetuación del propio poder Ejecutivo y el dominio de los otros poderes por una misma persona. En esos países, la incertidumbre por el futuro de mandatarios sospechosos de corrupción produce un afianzamiento del autoritarismo”

En las últimas décadas, sin embargo, la alternancia regular de partidos y liderazgos en el poder ha generado nuevas formas de subordinación del aparato de justicia al Estado, que niegan aquel consenso normativo. La mejor reacción a esos controles fácticos, dentro de la clase jurídica y política, apunta, mayoritariamente, a un mayor reforzamiento de la autonomía de las cortes y de la división de poderes en el marco constitucional.

Sólo en muy pocos países, específicamente en Venezuela o Nicaragua, se ha llegado a una reacción de signo contrario, es decir, a la perpetuación del propio poder Ejecutivo y el dominio de los otros poderes por una misma persona. En esos países, la incertidumbre por el futuro de mandatarios sospechosos de corrupción produce un afianzamiento del autoritarismo.