Forma y fondo

Eduardo Ruiz Vega

El jueves pasado amanecimos con la noticia de que el pleno del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) se había “instalado”. Una noticia inusual para un procedimiento igualmente inusual e inédito, como ha sido todo lo relativo a la reforma constitucional que finalizó la existencia de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel). Ante las dudas y posibles cuestionamientos respecto del inicio de los plazos que el Constituyente Permanente fijó para el cumplimiento de sus primeras tareas, mismos que se sujetaron a la “integración” del nuevo regulador, sus siete comisionados optaron por la claridad y decidieron instalar formalmente su órgano de gobierno. Enhorabuena.

No obstante lo anterior, al buscar la fuente de la noticia, es decir el primer comunicado de prensa del Ifetel, con algo de sorpresa lo encontré en el sitio web de la extinta Cofetel. Tal vez este detalle resulte nimio para algunos; creo, sin embargo, que no lo es. Muchos meses han pasado desde que se tomó la decisión de dar santa sepultura a la Cofetel y sustituirla por el Ifetel; me parece, entonces, que este hecho podría anticipar un duro despertar a la vida caracterizado por falta de planeación en la forma, que en el ámbito público en general, no exclusivamente en la política, suele ser fondo. Espero, sinceramente, estar equivocado.

El comentario anterior no es pesimista, es reflexivo. La extinta Cofetel sufrió toda su existencia de la carencia de planeación en torno a su génesis. No en una, sino en dos ocasiones. La primera cuando fue creada en papel en agosto de 1996, sin recursos humanos ni materiales y al haber sido “hosteada” durante meses en instalaciones improvisadas en la Torre de Telecomm. La segunda, cuando su existencia se elevó a rango de ley federal, una década después, y le fueron transferidas las facultades en materia de radiodifusión.

La Cofetel durante casi dos décadas de existencia nunca contó con la estructura adecuada para ejercer sus funciones; es más, jamás pudo actuar con base en un reglamento interior emitido por el Presidente de la República, como el resto de los órganos o comisiones similares en otros ámbitos.

La falta de certidumbre que originó la falta de planeación y debilidad jurídica de las unidades administrativas de la Cofetel está bien documentada y es conocida por todos los involucrados en este sector. Cuellos de botella, multiplicidad de litigios, aumento y disminución, a modo, del efecto de la doble ventanilla con la SCT, así como pugnas respecto de la distribución de poder al interior del pleno, por mencionar algunas.

La ventaja evidente del Ifetel respecto de su predecesora es que, al menos, el nuevo órgano no depende de la voluntad de Los Pinos para contar con su reglamento interior, denominado estatuto orgánico por la Constitución. La suficiencia presupuestal y las autorizaciones relativas a su nueva conformación no están del todo en sus manos, pero si lo está definir su estructura y distribución de facultades para una operación balanceada y eficiente.

Si esta definición, que podría percibirse como de forma, es sacrificada por la abultada agenda de pendientes cuyo plazo de ejecución está en marcha, el Ifetel podría cometer un error de fondo. Su orden interno definirá sin duda su capacidad de accionar hacia el exterior.

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