Gobernar sin oposición, o sea, dictar

JJ Macías, apenado por narración de comentarista de Multimedios
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El caso de Daniel Ortega ilustra a cabalidad que para la izquierda autoritaria latinoamericana ha sido más fácil alcanzar la meta de gobernar sin oposición, en el periodo democrático, de los años 90 para acá, que en el periodo revolucionario de los 60, 70 y 80. En Nicaragua no hay, siquiera, que cubrir ciertas formas, como en Venezuela, donde Nicolás Maduro ignora una a una las disposiciones de la Asamblea Nacional, pero no la disuelve.

En Nicaragua, sencillamente, los parlamentarios oficialistas destituyen a los opositores porque éstos se atreven a decir que no validarán unas elecciones que consideran “farsa”. Ortega se postula como candidato único a una tercera reelección continua, que lo llevará a la presidencia de ese país centroamericano por cuarta vez. En Nicaragua, como en Venezuela y en Cuba, existe el derecho a la reelección indefinida del presidente de la república —figura que en los tres casos se confunde con la del “jefe de la Revolución”—, por lo que muy pocos se escandalizan.

Ortega y sus leales ya tienen garantizada la reelección: él va solo a la contienda, mientras la oposición es impugnada desde los poderes legislativos y judiciales para reducir su fuerza partidaria. Pero los orteguistas no se conforman con eso, temen que el cuarto mandato surja con una falla de legitimidad que se vuelva en su contra. De ahí que intenten neutralizar, ya no el voto opositor, sino el propio boicot electoral de una minoría democrática.

La izquierda autoritaria latinoamericana —y hablo de toda porque no hay un solo gobierno de ese bloque que critique a Daniel Ortega—, que hizo la Revolución durante la Guerra Fría, aspiró siempre a gobernar sin oposición, como evidencia el ejemplo cubano. Pero en la primera etapa de las transiciones democráticas era necesario pactar, hasta consolidar un nuevo absolutismo, bajo las formas legales e institucionales de la división de poderes.

Una vez afianzada la nueva constitucionalidad, en Venezuela y Nicaragua —en menor medida que en Ecuador y Bolivia—, el autoritarismo posee mayor capacidad de reproducción. Cualquier reacción contra un gobierno que llega al poder por vía electoral, sea en el parlamento o en las calles, es acusada de “golpismo” por el bando oficial. Si la vieja derecha militar justificaba la represión contra la juventud revolucionaria por “subversiva”, la nueva izquierda autoritaria impone un Estado de Emergencia perpetuo con el subterfugio de que toda oposición democrática es “golpista”.

El objetivo de Ortega es gobernar sin oposición, o sea, dictar, pero sin que lo llamen dictador. Quien se arriesgue a caracterizar su régimen como una dictadura, desde el congreso, la opinión pública o una marcha pacífica, es un “golpista”. El autoritarismo de estos viejos revolucionarios es tan preventivo como el de aquellos gorilas militares que combatieron en su juventud: toda oposición es potencialmente golpista, por lo que debe ser silenciada.

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