Guerrero, “cita” con el crimen

Julián Andrade

Hace algunos años conversé con quien tenía los atributos y posibilidades para gobernar Guerrero. “No lo intentaría, podría ganar y mi suerte estaría echada”.

Sus argumentos: riesgos muy altos frente a recompensas ambiguas o bajas; probabilidad de no concluir el mandato; ingobernabilidad; guerrillas, cárteles de las drogas y negociaciones eternas y absurdas con poderes fácticos (CETEG).

A ello hay que sumar el desafío de cambiar las condiciones de marginación y pobreza en la que viven la mayoría de los guerrerenses.

Quien triunfe en las elecciones de junio —Héctor Astudillo (PRI) o Beatriz Mojica (PRD)— tendrá un reto enorme. Los conflictos sociales, potenciados por el caso Ayotzinapa, tienen todas las posibilidades de profundizarse y crecer.

Pero hay otra variable igual de delicada: la presencia del crimen organizado y su apuesta por influir sobre todo en la administraciones municipales.

Es ahí donde requieren de redes de protección para sus actividades.

Hay señales al respecto. La retención del candidato de Convergencia Ciudadana, Luis Walton, por un grupo armado. Los secuestros, por horas o días, de aspirantes a legisladores o a otras posiciones y por supuesto los homicidios ( Ulises Fabián Quiroz, candidato del PRI a Chilapa).

El modus operandi ya lo conocemos. Los candidatos son “invitados a conversar” y ahí se les instruye sobre lo que pueden o no pueden hacer, sobre todo en materia de seguridad.

Es difícil medir el alcance de esta situación, pero es grave y se le tiene que enfrentar.

Dejar crecer al monstruo, que está anidando, sería un error terrible. Las cosas, ya deberíamos saberlo, siempre de pueden empeorar.

En primer lugar hay que avanzar en el Mando Policial Único, solo así se garantizará que los criminales no capten la operación de las corporaciones de seguridad pública.

Desde noviembre del año pasado, el presidente Enrique Peña Nieto propuso la creación de 31 cuerpos policiales (uno por cada entidad federativa) que sustituyeran a las fuerzas municipales, que suelen ser las más expuestas a la corrupción y que en no pocas ocasiones terminan trabajando para el crimen organizado, como en Iguala y Cocula.

En las cámaras legislativas no hay acuerdo al respecto, pero los gobernadores y sus congresos, cuando enfrentan crisis, pueden caminar en esa dirección.

En Guerrero ya existen convenios al respecto y lo que se requiere es voluntad para ponerlos en marcha.

Hay que apoyar a los municipios más modestos. Los alcaldes deben saber que no están solos y que cuentan con el respaldo de fuerzas bien adiestradas, locales o federales. Más nos vale.

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