Ideología versus integración

Centroamérica es una región que en las últimas décadas ha avanzado considerablemente en diversas estrategias de integración. Sus gobiernos democráticos han sabido sobrellevar tensiones ideológicas, aprovechando foros regionales e internacionales para avanzar en la colaboración en asuntos de interés para cada uno de los vecinos.

El único gobierno de la región que pertenece al ALBA, el nicaragüense de Daniel Ortega, por ejemplo, se puso de acuerdo con otros de la zona para tramitar recientemente un ventajoso acuerdo con la Unión Europea.

En la reciente disputa por el dragado del río San Juan, en la frontera de Nicaragua y Costa Rica, la ideología, sin embargo, parece volver a conspirar contra la integración latinoamericana. Costa Rica alega que el dragado, con vistas a la construcción de un canal, afecta parte del territorio costarricense y amenaza el sistema ecológico de la zona. Pero la ideología no interviene tanto en el diferendo como en las vías o instancias escogidas para solucionar el mismo.

El gobierno de Ortega estableció desde un inicio que el foro donde debía dirimirse el litigio era la Corte Internacional de Justicia de La Haya. La presidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, sin negar la autoridad de La Haya, recomendó que el caso fuera analizado primero en

la OEA. El gobierno nicaragüense, aunque pertenece a la OEA como el gobierno venezolano, comparte con este último los viejos resabios de Guerra Fría contra el organismo interamericano. De ahí que Nicaragua rechace la intervención mediadora de José Miguel Insulza.

El gobierno de Laura Chinchilla ha optado, entonces, por presentar el caso ante ambos foros, la Corte de La Haya y la OEA. Cuando en esta última se debatió si procedía a la convocatoria para una reunión de cancilleres latinoamericanos que tratara el asunto, Nicaragua se ausentó y el gobierno de Hugo Chávez votó en contra. No es difícil imaginar una perfecta coordinación de los países miembros del ALBA, Cuba incluida —que no pertenece a la OEA porque su gobierno no desea regresar a donde lo expulsaron hace medio siglo—, en el respaldo a Nicaragua.

Ya cuando el golpe de Estado en Honduras, en junio de 2009, los países del ALBA se opusieron a la mediación intentada por la OEA. Dicha oposición decidió, en buena medida, que el secretario Insulza actuara con mayor velocidad y resolución ante la reciente insubordinación policíaca en Ecuador. Ahora, con motivo de esta disputa limítrofe, vuelve a evidenciarse el irracional rechazo de algunos países latinoamericanos a todo marco de negociación interamericana.

Es inevitable relacionar ese rechazo con el viejo nacionalismo antinorteamericano de la Guerra Fría que capitalizaba el prejuicio de que los gobiernos de América Latina deben excluir a Estados Unidos de la negociación de sus conflictos. Como se evidenció la semana pasada en la OEA, con el voto solitario de Venezuela, esa posición es cada vez más minoritaria, ya que las cancillerías de la región consideran que el diálogo interamericano no es incompatible con los mecanismos de la integración latinoamericana.

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