Iguala y la pérdida de credibilidad

La investigación de la desaparición forzada de 43 estudiantes en Iguala el 26 de septiembre de 2014 ha impactado negativamente en la credibilidad de diversas instituciones. La esperanza de que la intervención del grupo de expertos avalados por la CIDH ayudaría a determinar la verdad legal se extinguió al constatar que los especialistas poseían una agenda política propia que sesgó su trabajo.

Algo similar ocurrió con el Equipo Argentino de Antropología Forense, que descartó tajantemente la versión de la PGR que asevera que los estudiantes fueron incinerados en el basurero de Cocula. El peritaje de los especialistas en fuego deja sin fundamento las afirmaciones de los argentinos. Es importante recordar que el gobierno federal buscó el apoyo técnico internacional no únicamente para reforzar la credibilidad de su actuación, sino también con el ánimo de determinar el paradero de los estudiantes. Considerando las aportaciones de estos expertos, resulta claro que ninguno de estos objetivos se ha cumplido.

La pérdida de credibilidad de los peritos internacionales se debe a su acción, mientras que la de la CNDH se origina en su omisión. No se trata de falta de atribuciones legales. La reforma constitucional de 2011 transfirió a la CNDH la facultad de investigar violaciones graves a los derechos humanos que anteriormente ejercía la Suprema Corte. El ombudsman federal ha ejercido esta facultad en cuatro ocasiones. A excepción del caso de los estudiantes desaparecidos en Iguala, las investigaciones de este tipo de hechos han concluido en lapsos que fluctúan entre mes y medio (caso San Bernardo Calchihuapan) y diez meses (caso Apatzingán). Así, mientras que a la PGR le llevó casi cuatro meses hacer la investigacion de los hechos de Iguala y a los expertos de la CIDH un año, el ombudsman no ha sido capaz de concluir 19 meses después de iniciada su pesquiza cuáles son las violaciones a los derechos humanos.

Debido al sosiego mostrado por la CNDH durante esta investigación, la opinión pública recibió con sorpresa su reciente informe, que señala la posible participación de policías de Huitzuco y elementos federales en la desaparición de los estudiantes. Dado que la hipótesis está incluida en la averiguación de la PGR y que el anuncio del ombudsman coincidió con las audiencias de la CIDH sobre derechos humanos en México, hay voces que reprochan al Ombudsman actuar de manera oportunista. Sin tomar partido en esta discusión, en este espacio se ha señalado la ausencia de la voz del defensor del pueblo en la búsqueda de la verdad legal sobre la desaparición de los 43 estudiantes. Más que sugerir nuevas hipótesis de investigación, a la CNDH le toca determinar las violaciones graves a los derechos humanos halladas durante su investigación: nada más y nada menos. La sociedad mexicana requiere una CNDH más dinámica. Al abstenerse de actuar oportunamente, dejando correr 19 meses sin emitir recomendaciones, el ombudsman ha erosionado su credibilidad precisamente cuando el país más necesita contar con instituciones fuertes.

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