Implacable, control para reprimir a disidentes de Venezuela

“Venezuela es como un cuerpo minado de osteoporosis, que en cualquier instante puede quebrarse por algún lado”. La metáfora es el resultado del retrato social que hace el trabajador Carlos Ramírez de un país desbordado por la criminalidad, sometido a la escasez de alimentos y productos básicos, con una industria paralizada, en parte, por la restricción de electricidad, y los obstáculos del Gobierno de Nicolás Maduro al referéndum revocatorio como salida electoral a la crisis política.

Ramírez trabaja desde hace 25 años en la Siderúrgica del Orinoco (Sidor), la principal acería venezolana que en 2008 fue expropiada por el fallecido presidente Hugo Chávez al grupo ítalo-argentino Techint.

Generales de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB), sin ninguna experiencia previa en el campo industrial, han controlado la siderúrgica desde 2010 hasta la fecha, imponiendo una lógica militar en las relaciones laborales, restringiendo las visitas a las páginas web de medios críticos con el Gobierno, limitando el derecho a la huelga y amenazando con prisión a los promotores de las protestas laborales.

Ramírez pagó un alto precio cuando negó su apoyo a la campaña “¡Obama deroga el decreto YA!”, una iniciativa promovida por el Gobierno con la que se buscaba reunir más de 10 millones de firmas contra un decreto estadounidense que declaró al país como una “amenaza inusual y extraordinaria”.

La empresa suspendió los pagos por adelantado de prestaciones, pospuso las vacaciones, y él fue rebajado de cargo. Regularmente, los gerentes de las empresas controladas por el Estado y supervisores de la administración pública obligan a los trabajadores a marchar y declarar públicamente su “lealtad” al Gobierno a cambio de no tocarlos. La estructura militar ha penetrado en la administración pública.

Lo contrario a las expectativas que despertó la procedencia civil de Maduro en un grupo de organizaciones políticas, sindicales y de derechos humanos, cuando asumió la presidencia tras la muerte de Chávez, el 5 de marzo de 2013, un hecho que precipitó la transición política en Venezuela. Fue Chávez un agitador de masas que convirtió la frustración de un pueblo en un programa ideológico de contenido social pero desteñido en el tiempo por el carácter personalista (de allí la expresión “chavista”), autoritario y militarista. Pero es esto último lo que determina la relación de fuerza e imposición que imprime la “revolución bolivariana” a los ciudadanos que piensen distinto o se atrevan a contrariar las decisiones del partido.

Ni diálogo, ni amnistía

Hasta mayo de 2016, el Foro Penal Venezolano tenía registradas 85 personas detenidas por motivos políticos. Del total, 31 personas fueron detenidas por manifestarse; tres por el uso de redes sociales; dos por rebelión civil; 19 por rebelión militar y 30 por otras causas.

Portavoces de la organización han insistido en que el sistema judicial está siendo utilizado como un arma de intolerancia política. Buena parte de los casos contra dirigentes políticos, trabajadores de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y empresarios carecen de pruebas y la condena procede porque la persona sostuvo una postura crítica ante el poder o por haber resultado coyunturalmente incómodos al Gobierno.

El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU ha calificado buena parte de las detenciones como arbitrarias por tener como fundamento impedir la expresión de ideas y opiniones políticas y ha instado a Caracas a la inmediata liberación, a garantizar el derecho de todos y a considerar favorablemente la solicitud de visita en misión oficial al país.

Hasta febrero, la organización contabilizaba a 23 del total de presos políticos como gravemente enfermos y con necesidad de la amnistía. La Asamblea Nacional (AN) sancionó el 29 de marzo una Ley de Amnistía que fue declarada nula por el Tribunal Supremo de Justicia, enterrando la esperanza de los familiares de los presos políticos, entre ellos, el dirigente opositor de Voluntad Popular, Leopoldo López, y el alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, cuyos casos han preocupado a la comunidad internacional. El rechazo a la amnistía y reconciliación nacional mostró el choque de poderes existente propiciado por el Gobierno de Maduro.

El Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello ha documentado casos de discriminación vinculados a la participación política en Venezuela. Su directora, Ligia Bolívar, fija como primer pico de conflictividad el año 2004 con la activación del referéndum revocatorio contra el entonces presidente Chávez. La oposición recogió entre 2003 y 2004 un número requerido de firmas para solicitarlo, pero las rúbricas fueron filtradas al diputado oficialista, Luis Tascón, quien las publicó en su web. Más de 2 millones de firmas, junto a su número de identidad, fueron usadas como coartada para excluir a estos venezolanos.

Desde 2004, el Ejecutivo ha exhibido su poder de coerción en cada elección, minando la confiabilidad del sistema electoral y garantizando la lealtad a través del miedo. En las presidenciales de 2013, en las que resultó ganador Maduro por estrecho margen, no sólo se satanizó el disenso sino también la indiferencia del pueblo considerado como chavista. Tras el triunfo de la coalición opositora (Mesa de la Unidad Democrática) en las legislativas de diciembre, el Gobierno de Maduro se mostró enfadado con el revés electoral a tal punto que responsabilizó a los que votaron por la oposición del incumplimiento en las metas previstas de los programas sociales como la Gran Misión Vivienda Venezuela. La «cacería de brujas» también ocurrió en niveles medios de la Administración pública.

Solidaridad y voto...

La solidaridad, entendida por Gabriel García Márquez, como una energía de novedad y belleza que no puede ser domesticada “ni por la voracidad imperial, ni por la brutalidad del opresor interno” se junta con un derecho que en Venezuela hoy es muy preciado para la supervivencia democrática: el sufragio universal, directo y secreto. El voto y la solidaridad conforman el único refugio de la civilidad venezolana, capaz de resistir a la tentación de un modelo hegemónico del poder, sin independencia de los poderes públicos y ruptura constitucional.

La paradoja de un país petrolero con una economía destruida, después de 15 años de promesas y cócteles doctrinarios, incrementa el nerviosismo en la cúpula que heredó el proyecto de Chávez, cuya base popular se erosiona a la velocidad en la que los alimentos y los salarios languidecen. Sin los ingresos exorbitantes de la renta petrolera, ni el carisma del líder fundador, la continuidad del chavismo luce comprometida y llena de contradicciones.

Mientras tanto, el sector de la sociedad venezolana que aspira a cambiar el Gobierno mediante una transición democrática, sortea las amarras de la represión.

*Redactor jefe del

Correo del Caroní

e investigador del

Programa Venezolano

de Educación-Acción en Derechos Humanos

Twitter: @oscarfmurillo