Incremento del Salario Mínimo

Por Tania Ávila

En la actualidad existe gran controversia respecto al incremento del salario mínimo y su probable efecto en la economía nacional. Es importante señalar que el salario mínimo es un derecho constitucional de los trabajadores contenido en el articulo 123 fracción VI, de nuestra Carta Magna, donde se establece que: “Los salarios mínimos generales deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social, y cultural y para proveer a la educación obligatoria de los hijos”.

Si consideramos lo que nuestra Constitución Política dicta, el objetivo del salario mínimo es dar estabilidad a las familias mexicanas proporcionando lo mínimo necesario para subsistir. Sin embargo, desafortunadamente, nos encontramos frente a una realidad totalmente alejada del propósito de dar bienestar económico a los trabajadores.

El valor del salario mínimo ha perdido poder adquisitivo por el paso del tiempo, hablamos de una pérdida aproximada del 75% durante los últimos 30 años, salario que actualmente es de 70.10 pesos para la zona geografía Ä”, que de ninguna manera alcanza para cubrir las necesidades básicas de un individuo, mucho menos de una familia.

Derivado de lo anterior, las propuestas de incrementar al salario mínimo son correctas desde un punto de vista social, pero el salario mínimo está ligado a otros aspectos económicos, que originan la oposición a su incremento.

De acuerdo a algunas encuestas que se han llevado a cabo, las empresas consideran que tal incremento tendría un efecto negativo, generaría inflación al incrementarse los costos de operación por mano de obra y dicho costo sería trasladado a los productos en venta al público en general. Otra percepción es que muchas empresas se verían en la necesidad de reducir costos disminuyendo su plantilla laboral y en el peor de los casos, tendrían la necesidad de cerrar operaciones.

Un problema adicional  es que el salario mínimo ha servido durante muchos años como base de referencia para la imposición de sanciones administrativas y multas, así como para fijar bases para pagos de algunas contribuciones, tales como las correspondientes a la seguridad social.

Solamente en 131 ordenamientos de 291 que tenemos a nivel federal, se contempla el salario mínimo como base de referencia, lo que hace evidente y lógico el rechazo a su incremento, ya que aumentaría de manera importante las multas a particulares por alguna omisión en el incumplimiento de sus obligaciones o por incurrir en una falta. Incluso se tendrían que pagar más contribuciones como las del Seguro Social.

No cabe duda la importancia de que el salario mínimo cumpla con el objetivo primordial de satisfacer las necesidades básicas de un padre de familia, pero de manera paralela deben llevarse a cabo una serie de modificaciones para que los contribuyentes y el público en general no vea afectada su economía, misma que es de gran trascendencia para el desarrollo del país.

Vicepresidente del Comité Técnico Nacional de Capital Humano IMEF

tania.avila@bakermckenzie.com