INE, año IV

Hoy se cumplen cuatro años de la transformación del entonces IFE en el Instituto Nacional Electoral. Desde entonces, el INE ha tenido que enfrentar una serie de importantes desafíos producto de la creación de un sistema nacional de elecciones. Aquí apenas una apretada síntesis y reflexión.

Hitos y resultados. El INE ha tenido que probar y experimentar decisiones producto de un novedoso —pero no por ello menos abigarrado y confuso— marco electoral que ha incrementado sus facultades; ha tenido que construir una relación de liderazgo y colaboración con los organismos públicos locales electorales para la celebración de elecciones, que pueden o no ser concurrentes con las federales; ha organizado elecciones extraordinarias (las de la dirigencia del PRD, las de gobernador de Colima o las de la asamblea constituyente de la Ciudad de México); ha emitido normatividad (como el Reglamento de Elecciones); ha superado exitosamente (hace un año) la primera renovación escalonada de su Consejo General, y ha enfrentado continuamente escenarios novedosos que no se encuentran previstos en ley (por poner un ejemplo actual, el tratamiento de las firmas falsificadas o simuladas de los aspirantes independientes).

Agendas progresistas. El INE ha sido un decidido precursor en la expansión de derechos y mejores prácticas. Ha vigilado que se cumplan las reglas sobre paridad de género en la postulación de candidaturas a cargos electivos; promovió un protocolo para erradicar la violencia política contra las mujeres y el acoso laboral; ha velado por la postulación obligatoria por parte de todos los partidos, en distritos con mayoría de población indígena, de candidatos provenientes de las etnias correspondientes, para garantizar su representación en la Cámara de Diputados; aprobó también un protocolo para garantizar que las personas trans puedan emitir su voto sin ninguna restricción; y diseñó la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCCIVICA) como una política de largo aliento para la consolidación de una ciudadanía activa.

Viento en contra. El INE, como cualquier otra de las instituciones del Estado mexicano, enfrenta una crisis derivada de la desconfianza ciudadana ante todo lo que tenga humor político o público. En medio de ese clima de opinión tiene que sacar adelante el proceso electoral en marcha desde septiembre pasado y, ahora, a cinco días de que arrancaron las campañas. No es cualquier proceso electoral: se trata del más grande, no sólo por factores automáticos (como el crecimiento del padrón electoral, las casillas a instalar o los ciudadanos a desempeñarse como funcionarios), sino porque se trata del mayor cambio de personal político en las ramas ejecutiva y legislativa de las esferas federal y estatal, así como de cientos de autoridades municipales, en toda nuestra historia: 18,311 cargos estarán en juego el 1 de julio, desde la Presidencia de la República, ambas cámaras del Congreso de la Unión (128 senadores y 500 diputados) y comicios concurrentes en 30 entidades, incluyendo 9 ejecutivos locales, 972 diputados de 27 legislaturas y 1,597 ayuntamientos, además de 16 alcaldías y concejos en la Ciudad de México y 24 juntas municipales en Campeche. Es, pues, la elección más importante en la historia moderna y democrática del país, con la mayor cantidad, además, de candidaturas independientes en la historia, y, encima de todo, por desgracia, en medio de un alarmante clima de violencia generalizada -violencia política, particularmente- en diversos rincones del país.

Sacar la casta. A pesar de las difíciles condiciones y desafíos descritos, el INE, bajo el atinado liderazgo de Lorenzo Córdova, tiene en su código genético, heredado del IFE, la habilidad y —una vez más— la virtud de crecerse ante las adversidades. Se trata de una de las instituciones más nobles, incluyentes y confiables del Estado mexicano, comprometida con el buen desarrollo de las elecciones y la certeza de sus resultados. Un deber ciudadano al que todos hemos de contribuir.