Justicia sin debido proceso, migrantes sin justicia

Mauricio Farah

De 51 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos y protegidos por el fallo de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) respecto del Caso Avena, tres han sido ejecutados: José Ernesto Medellín Rojas en 2008, Humberto Leal García en 2011, y Edgar Tamayo Arias, apenas hace dos días.

En 2014 se cumplen 10 años de la resolución de la Corte, luego del litigio iniciado por el gobierno mexicano en 2003, impulsado por Jorge G. Castañeda, para defender los derechos de medio centenar de mexicanos que habían sido juzgados y sentenciados por presunta violación al debido proceso.

La CIJ encontró evidencias suficientes para instruir al gobierno de Estados Unidos a revisar y reconsiderar las sentencias en los casos presentados por el gobierno mexicano, debido a que los sentenciados a ejecución judicial no habían recibido asistencia consular, a la que tienen derecho de acuerdo con el artículo 36 de la Convención de Viena de 1963, de la que México y Estados Unidos son parte.

En síntesis, esta Convención establece que los gobiernos que detengan a extranjeros deben dar aviso al consulado del país del detenido, con el objeto de que éste reciba asistencia consular, que puede incluir asesoría legal, traducción y seguimiento del proceso, entre otros servicios. Para decirlo brevemente, la CIJ dictó su resolución, que protegía a 51 mexicanos. Sin embargo, tres han sido ejecutados. Del resto, uno falleció de muerte natural, ocho obtuvieron la suspensión de su sentencia y 39 están en espera de la muerte. Que se sepa, ningún caso se ha revisado y menos aún se ha pensando en la reposición del procedimiento. La Convención de Viena y el fallo de la Corte Internacional en el cajón. Allí están bien.

En contraste, los agentes de la Patrulla Fronteriza que han dado muerte al menos a 20 mexicanos en los últimos años gozan de libertad. Con evidencias testimoniales, incluso con videos, en los que se aprecia más que el excesivo uso de la fuerza pública, la brutalidad con la que se procede en contra de los migrantes, las autoridades de la propia Patrulla Fronteriza y las judiciales de Estados Unidos han encontrado la manera de justificar los hechos, omitir investigaciones, olvidar.

Sin atribuir inocencias ni culpabilidades, ya se ve que no es lo mismo quitarle la vida a un agente que quitársela a un migrante. Tampoco que el presunto responsable sea un migrante a que sea un agente. Ningún caso es justificable, pero parece que hay categorías, privilegios, prejuicios, sutilezas, letras pequeñas para establecer diferencias, por más que el espíritu de los padres fundadores de los Estados Unidos sostenga que todas las personas han nacido iguales.

A la hora de administrar e impartir justicia, resulta claro que no es así. Hay vidas valiosas y vidas prescindibles, delitos sancionables y delitos permitidos, castigos que pueden pender sobre la cabeza del sentenciado por veinte años y castigos invisibles, de los que nada se sabe. Seguramente no es un propósito oficial que el a sí mismo llamado país de las libertades pase a ser el país de las contradicciones. Pero en este ámbito lo es.

Ojalá que al menos una parte de la justa indignación y las manifestaciones en contra de la privación de la vida de Edgar Tamayo sirvan para recordarnos que diariamente cientos de mujeres y hombres atraviesan el territorio mexicano para llegar a Estados Unidos y muchos pierden la vida en la búsqueda de mejores condiciones. Ellos, que han perecido sin que nadie recuerde su nombre, son condenados a una pena de muerte tan cruel e inhumana como la enfrentada por nuestro compatriota debido a las condiciones existentes del flujo migratorio entre Estados Unidos y México.

No debemos ser indiferentes a esta situación.

Twitter: @mfarahg