La barbarie como justicia

Alberto Flores Morales de 53 años y Ricardo Flores Rodríguez de 22, fueron quemados vivos, retorciéndose del dolor, mientras les aventaban gasolina y cientos de pobladores grababan su últimos minutos de vida. Cuando mueren, los espectadores festejan.  Las imágenes aparecen en un video, que la verdad, no me atreví a terminar de ver.

Es horrible lo que sucedió el pasado miércoles en el municipio de Acatlán de Osorio en Puebla,  cuando estos hombres fueron acusados de haberse robado a dos niños.

Los pobladores nunca comprobaron la información y decidieron lincharlos. En realidad habían ido a comprar unas cosas y estaban ingiriendo bebidas alcohólicas, pero estar ahí bastó para que fueran inculpados de secuestro.

Eran aproximadamente las 15:30 horas cuando en la comunidad de San Vicente Boquerón, municipio de Acatlán de Osorio, un grupo de pobladores detuvo a dos personas, quienes supuestamente llevaban secuestrados a dos menores de edad, a bordo de una camioneta con placas del estado de Puebla.

Ante el enojo descontrolado de los denunciantes, elementos de la Policía Municipal de Acatlán de Osorio, lograron rescatar a Alberto y a Ricardo, quienes se encontraban retenidos en la junta auxiliar; fue entonces que los trasladaron al Centro de Reinserción Social. Hasta el lugar llegó un grupo de pobladores, para exigir que les entregaran a los supuestos delincuentes.

Al no lograr su objetivo, un grupo de estas personas fue a la iglesia del municipio, para sonar las campanas y convocar a la población. En el lugar se juntaron unas 200 personas y, ante su enojo desbordado, rompieron las puertas de los separos y sacaron a la fuerza a los detenidos.

No los llevaron muy lejos, sólo los sacaron un par de metros y entre gritos de ¡mátenlos! ¡quémenlos!, en unos cuantos segundos, los golpearon, los rociaron con gasolina y les prendieron fuego.

Los escasos gritos de conmoción de las personas que se encontraban cerca, fueron opacados por los gritos de la mayoría que vitoreaba el hecho. Decenas de personas grababan con sus teléfonos celulares, mientras que otros aplaudían y gritaban advertencias contra quien quisiera meterse con sus hijos.

Minutos después del asesinato, familiares de Alberto y Ricardo, quienes eran campesinos, llegaron para encontrar los cuerpos calcinados de sus seres queridos.

En Puebla se tiene un problema histórico de pobladores, quienes intentan hacer justicia por propia mano, cometiendo asesinatos barbáricos, y en casi todos los casos, de personas inocentes.

Recordemos el caso de los dos encuestadores, que en el 2015 estaban haciendo su trabajo para la empresa Marketing Research & Services. Era un encuesta sobre hábitos de compra y consumo de tortillas de maíz.

Los habitantes dijeron que estos hombres hacían muchas preguntas, y también los acusaron de secuestradores de niños.

Los dos encuestadores fueron detenidos por la Policía Municipal a las 19:30 horas y, al darse cuenta que los pobladores comenzaban a tornarse violentos, los trasladaron a la comandancia, que se encontraba en el Palacio Municipal.

Pese a que los policías habían subido a los encuestadores hasta la azotea, para tratar de salvarlos, los pobladores los bajaron a golpes y les prendieron fuego.

Pero éstos no han sido ni remotamente los únicos casos de linchamientos en Puebla.

A finales de mayo, un presunto ladrón fue linchado por pobladores de Libres, luego de que se lo “arrebataron” a elementos de la Policía Federal cuando los trasladaban por la autopista Amozoc-Perote.

Se sabe que un grupo de pobladores interceptó a la unidad de la policía a la altura del distribuidor Teziutlán-Libres. Posteriormente, llevaron al presunto ladrón a un terreno de cultivo, en el poblado de El Sabinal, donde una turba de al menos 200 personas lo golpeó y le prendió fuego.

Una semana antes, tres presuntos delincuentes, acusados de asaltar a una señora de la tercera edad, fueron linchados a golpes y quemados por un grupo de pobladores en el municipio de Oriental, Puebla.

En abril, cuatro presuntos delincuentes, también fueron linchados por pobladores de San Simón Yehualtepec, luego de que fueran sorprendidos en el momento que sacaban de la comandancia, un tractocamión robado y que momentos antes fue asegurado por la Policía Municipal.

Al menos 15 personas armadas, llegaron a la comandancia a bordo de varias unidades y se llevaron la unidad. Vecinos que observaron lo ocurrido, lograron detener el camión calles más adelante, junto con cuatro personas.

Los detenidos fueron entregados a la policía municipal; sin embargo, al menos 300 pobladores llegaron al lugar, para sacar a los presuntos delincuentes para golpearlos y prenderles fuego.

A principios de 2018, se informó que en los últimos cuatro años se reportaron 16 intentos de linchamientos en Puebla, en los cuales se rescató con vida a 21 personas y 6 más fallecieron.

Es verdad, la sociedad está harta de la impunidad que existe en nuestro país, pero es inconcebible la barbarie que están ejerciendo algunos pobladores, para hacer justicia por propia mano.

Es lamentable que este tipo de atrocidades se estén dando en nuestro país, y de forma tan recurrente.

La ruptura del contrato social

La justicia por mano propia, según ha manifestado la Comisión Nacional de Derechos Humanos, refleja la pérdida de valores y muestra la violencia extrema de aquellos que exigen justicia, pero se aparta de las normas de convivencia legales y actúa fuera del Estado de derecho.

Para el sociólogo de la Universidad Nacional Autónoma de México, Edgar Morín, los linchamientos son un reflejo de la inoperancia del sistema judicial, “no sólo porque no se castiga a quienes cometen delitos y son linchados, sino porque la mayoría de los agresores en el linchamiento se mantienen impunes”.

El experto señala que la gente ha dejado de tener confianza en sus autoridades y en el Estado de derecho vigente: “ilustra el nivel de ruptura del contrato social”.

Afirma que los ajusticiamientos, como el ocurrido el miércoles en Puebla, apuntan hacia una crisis institucional del Estado y éste no lo percibe, pues no hay una respuesta oficial a estos hechos, más allá de un llamado a la población para actuar dentro del marco de la ley.

El analista argentino Gustavo Beliz, señala que la justicia por mano propia es una forma extrema de privatización de la violencia, y lejos de ser un mecanismo efectivo de control, la justicia por mano propia reproduce y aumenta los niveles de inseguridad, supone amenazas a la integridad de las personas y tiene graves implicaciones sobre la legitimidad y aceptación popular del  Estado.