La corrupción, en todas las policías

Los recientes hechos ocurridos en Veracruz, Michoacán, Guerrero y Morelos, entre otros estados, cuestionan la efectividad del llamado Mando Único Policial, que en la Conferencia Nacional de Gobernadores se propone elevar a rango constitucional, es decir, de observancia obligatoria en todas las entidades del país, incluyendo el futuro estado Ciudad de México.

Caso ejemplar es lo sucedido en Veracruz, en el poblado de Tierra Blanca, donde se comprobó la participación de siete policías estatales en la desaparición de cinco jóvenes, según las investigaciones entregadas por los propios policías al crimen organizado.

Como otras medidas similares al llamado Mando Único, se observa una tendencia a la concentración de facultades en los poderes federal o el de los gobiernos de los estados. El Mando Único desplaza a las policías municipales de sus atribuciones y sus facultades para ejercer el gobierno de sus comunidades.

En purismo constitucional puede decirse que ésta y otras disposiciones similares vulneran el Artículo 115 de la Carta Magna que consagra el Municipio Libre al restarle su libertad para ejercer su gobierno.

La concentración de poder es, evidentemente, contraria al principio de federalismo consagrado en la Constitución desde 1824, ratificado en la de 1857 y perfeccionado en la de 1917. Sería un retorno al centralismo que proclamaban los conservadores del siglo XIX hasta el triunfo de los liberales en las leyes de reforma.

El argumento para la sustitución de facultades al municipio, y en algunos casos a los propios estados que conforman la unión de la República, es la ineficiencia –por decir lo menos—de las administraciones estatales y municipales para gestiornar sus recursos, así como la corrupción y la infiltración en ellas del crimen organizado. Las policías municipales, se afirma, no han tenido la capacidad para garantizar la seguridad a sus ciudadanos. Antes bien, se convierten en ocasiones en parte de la delincuencia, en victimarios de la población.

El argumento es cierto, pero ante hechos como en los que se evidencia la participación de elementos de las policías estatales en diversas partes de la República, surge la pregunta sobre si el Mando Único que los gobernadores quieren decretar constitucional es la solución al problema de la inseguridad y la delincuencia organizada.

Policías mal pagados, con un lamentable nivel de preparación, cuyos valores morales y cívicos están en el lindero entre el cumplimiento de su deber y el delito en su pobre condición, lo pueden ser tanto los municipales como los estatales y los federales, y esa realidad no se supera ni con la creación de cuerpos especiales, supuestamente, preparados para cumplir con su obligación de proteger a la sociedad. La comunidad requiere de policías capacitados, preparados para el cumplimiento de su misión, con salarios dignos, que merezcan el respeto y la consideración de la población.

Lejos de pretender la legalización constitucional de medidas centralistas, los gobiernos federal y estatales deberían establecer acuerdos y compromisos firmes para una verdadera reforma a la organización de los cuerpos policiacos, castigando con extrema severidad la corrupción y el crimen, aun cuando en esa tarea caigan los propios responsables de sus administraciones.

srio28@prodigy.net.mx