Viernes 4.12.2020 - 02:09

La corrupción y el silencio

Ecuador: el Estado en jaque
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En México se debate, desde hace años, el incremento de la violencia y la corrupción y la incapacidad del Gobierno federal para hacerle frente por medio de las instituciones del Poder Judicial. La errática respuesta oficial al caso de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, recientemente cuestionada por el presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Francisco José Eguiguren, es sólo un capítulo en el espantoso expediente que, en la última década, acumula más de 30 mil desaparecidos.

Hay un contraste cada vez más visible entre las denuncias de casos de corrupción e inseguridad por parte de medios de comunicación y redes sociales, y la parquedad, por no decir, el silencio del gobierno sobre temas tan sensibles. En días pasados, fue reconfortante ver al Secretario de Gobernación dar la cara en el 164 periodo extraordinario de la CIDH y reafirmar el compromiso de México con el sistema interamericano. El funcionario debió escuchar el informe detallado del organismo sobre la grave situación en materia de derechos humanos. Acto de elemental cortesía diplomática, pero inconcebible en otros países de la región, que no reconocen la CIDH ni el orden democrático interamericano.

Sin embargo, ante una denuncia tan grave como la de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad sobre el desvío de 192 millones de dólares a empresas fantasmas por parte de once organismos públicos como Sedesol, Fovissste, Banobras y Pemex, se prefiere mirar a otra parte. La revelación, que ha dado la vuelta a los medios globales en 24 horas, es tan escandalosa que requiere, primero, de una respuesta integral del gobierno y de reacciones puntuales por parte de las instituciones involucradas, tanto en la emisión como en la recepción de esos fondos supuestamente malversados.

Es evidente que los responsables de la investigación aprovecharon la coyuntura del quinto informe de gobierno, y de la búsqueda de la Fiscalía General por el titular de la PGR, para propinar un golpe mediático. Probablemente el golpe haya sido certero, ya que el propio presidente Enrique Peña Nieto, luego de reconocer que, en efecto, vivimos un aumento de la violencia y la corrupción, sugirió que la mayor responsabilidad en el alza de la inseguridad reside en los estados. Frente al tono triunfalista y elusivo del informe presidencial, el reportaje La estafa maestra cumple su objetivo de atizar la inconformidad de la ciudadanía en el despegue de la campaña electoral.

El silencio oficial no puede ser la reacción predominante a la denuncia pública de un caso tan grave de corrupción. Es cierto que el contenido de esas revelaciones no se esclarece ni se procesa en los medios de comunicación, pero tampoco debe subestimarse a la esfera pública como espacio de desafección política. El descrédito de la democracia no es antídoto sino aliciente del colapso del Estado de derecho, como hemos visto tantas veces en la historia de América Latina.