La Corte y la liberación de García Soto

Aun cuando la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que libera a la profesora Magdalena García Soto acusada de complicidad en el terrible delito de violación a un niño de cuatro años, puede no gustarnos, lo cierto es que se llega a ella a través de procedimientos razonados, plurales y democráticos. Todos los argumentos, a favor y en contra, gozan de una lógica y construcción que son expuestas en transmisiones en vivo de cara a la ciudadanía. Ojalá lo mismo pudiéramos decir de los otros dos poderes de la unión.

A pesar de contar en el pleno de la Corte con posturas divididas y hasta antagónicas, el máximo tribunal, atrae, debate y resuelve de manera colegiada. En esta ocasión, los que conceden el amparo y por ende otorgan la libertad de la inculpada, privilegiaron dos principios fundamentales para la vida de un país de libertades: la presunción de inocencia y el debido proceso. En contraste, para los ministros, Silva, Zaldívar y Sánchez Cordero nuestro país está obligado a dar prioridad a la Convención sobre Derechos de los Niños, de la ONU de 1990, y en consecuencia, las meras declaraciones del menor deben tomarse como pruebas suficientes para acreditar la culpabilidad de la profesora.

Lo que resuelve la Suprema Corte, en ningún momento implica que el niño no fue violado. De hecho, hasta el momento, el proceso en curso en contra de los autores materiales, prófugos desde hace años, presume legalmente la existencia del delito y por ello la autoridad emitió órdenes de aprehensión.

Pero en una sociedad cansada de la impunidad, corrupción e injusticia, una sentencia no hace verano. Muchos casos no logran la conformidad y la armonía en la resolución de los conflictos y se buscan otras vías que generan inestabilidad y nuevos problemas. Por una parte, se denuncia en medios la politización del caso y por la otra, se mediatiza la justicia. Si la mamá del menor, Leticia Valdés, en entrevista radiofónica afirma que están involucrados personajes públicos, debe denunciarlo como tráfico de influencias y probarlo dentro del proceso judicial. Si el periodista Carlos Marín asegura que la señora Valdés inventó la violación de su hijo, tal aseveración debe contar con pruebas fehacientes, más allá de la publicación de un expediente médico, que además, por tratarse de datos personales es un documento protegido por la ley. Deducir que, por haber estado la madre en Oceánica no hubo violación es dar un salto a la sin razón.

Debemos debatir el sentido de las sentencias y exigir que sea la arena institucional en donde nuestros derechos sean protegidos y en donde algún día pongamos fin a la impunidad. No nos confundamos.

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