La Corte y lo electoral

Horacio Vives Segl

Es interesante observar cómo ha cambiado el papel de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en lo relativo a asuntos electorales en el país. Utilizando una metáfora taurina, hasta épocas recientes la Corte decidía recurrentemente dar pases por alto y dejar pasar de costado los asuntos electorales, bajo la lógica de no politizar al más alto tribunal de la nación.

Hoy el contexto es otro y en estos días hemos visto cómo la Corte se ha pronunciado —y lo seguirá haciendo— sobre asuntos electorales.

 Un poco de historia. Desde la promulgación de la Constitución de 1917 se estableció en su artículo 97 un mecanismo de control que otorgaba a la Corte facultades para investigar violaciones al voto público, cuya única consecuencia era hacer del conocimiento de la autoridad competente los hechos denunciados. Entre 1977 y 1986 la Corte recibió 7 recursos de solicitudes de investigación o recursos de revisión, rechazándolos todos. La justicia electoral quedaba en manos de los colegios electorales de las cámaras de Diputados y Senadores, que eran juez y parte, asumiendo la politización intrínseca de los conflictos electorales. En 1986 se le quitó a la Corte cualquier atribución en materia electoral, con la creación del Tribunal de lo Contencioso Electoral, y en 1990 se creó el Trife, órgano autónomo, antecedente del actual Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que si bien es el encargado de resolver la mayoría de los asuntos en la materia, algunos son de la competencia de la Corte. Desde 1996 la revisión de la constitucionalidad de las leyes y la solución de contradicciones de tesis en la materia, y a partir de la última reforma su intervención en los procesos de consulta popular. Menciono algunos temas recientes que ha abordado el máximo tribunal, dos relativos a la ley electoral de Chiapas y otro sobre las consultas.

 Libertad de expresión. La reforma política de 2007 implicó, a mi juicio, un retroceso en cuanto a la libertad de expresión, al prohibir señalamientos “denigrantes” en las campañas electorales. En las democracias liberales los contendientes en procesos electorales —el partido en el gobierno y la oposición— deben poder decirse de todo. Y ya el electorado será el que tendrá la capacidad de juzgar, con su voto, si privilegia con su decisión los “debates de altura” o las “luchas en fango”. Si bien tras la última reforma se mantiene la restricción a los ataques a los individuos, que la Corte haya determinado —a propósito de la nueva ley electoral chiapaneca— que la propaganda política que denigre a las instituciones o a los partidos no altera la moral, la vida privada o los derechos de terceros, parece una medida adecuada.

 Jornada electoral en Chiapas. Por lo que sabemos hasta ahora, en espera del engrose de la sentencia definitiva, las deliberaciones de la Corte podrían llevar a que las elecciones en Chiapas del año próximo se realicen no el primer domingo de junio —como las otras 16 que serán concurrentes con la elección de diputados federales— sino en julio, apenas unas semanas después. Pero, eso sí, para 2018 ya tendrían que ser concurrentes. Es una situación esquizofrénica: ¿se debería exceptuar a Chiapas de la jornada electoral nacional del 7 de junio de 2015, por ser inconstitucional, pero, eso sí, para 2018 ya no lo sería? De confirmarse ese sentido, sería lamentable porque iría en contra de todo el modelo de coordinación de elecciones derivado de la reforma constitucional recién aprobada, donde la aplicación de la casilla única para elecciones concurrentes —obviamente en una sola jornada electoral— es la clave del proceso electoral ya en curso. Si se determina que hay alguna inconstitucionalidad entre la ley estatal y la federal, ¿no estamos en tiempo y sería más conveniente que la chiapaneca se acoplara?

 Consultas populares. El INE ya cumplió la parte que le corresponde en cuanto a la validez del número mínimo de firmas relativas a la realización de cuatro consultas populares. Ahora corresponde a la Corte pronunciarse sobre la viabilidad de las preguntas planteadas por los partidos promoventes, con todas las consecuencias políticas que su decisión acarreará.

En suma, lejos de pases por alto y las medias verónicas con las que históricamente se condujo, ahora la Corte ha de tomar al toro por los cuernos.

hvives@itam.mx

Twitter: @HVivesSegl