La cruzada anticorrupción en Brasil

En días pasados la Policía Federal brasileña detuvo al expresidente Luiz Inácio Lula da Silva y lo llevó a declarar ante el ministerio público. Lula ha sido interrogado varias veces en el proceso que impulsan el juez federal Sergio Moro y el fiscal Carlos Fernando dos Santos, contra una trama de corrupción ligada a sobornos y desvío de recursos del gigante Petrobras, que ha implicado tanto a ejecutivos de esa empresa como a políticos de todos los partidos, incluyendo el gobernante Partido de los Trabajadores (PT).

La reacción del gobierno de Dilma Rousseff y de los muchos partidarios de Lula, dentro y fuera de Brasil, no se hizo esperar, arropando al fundador del PT y presidente del Brasil en la primera década del siglo XXI. El prestigio de Lula creció enormemente en aquellos años, dentro y fuera de Brasil. A una economía creciente y estable, una política social de combate a la pobreza y promoción de la equidad, Lula agregó una estrategia exterior pragmática y, a la vez, concertadora de potencias medias, como Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica (BRICS), que reforzó su liderazgo nacional y global.

El gobierno y los partidarios de Lula argumentan que las declaraciones a que ha sido sometido el mandatario, especialmente la última, que se hizo de manera coercitiva, forman parte de una campaña de estigmatización y ajuste de cuentas. El propio Lula ha alentado esa tesis al denunciar intenciones políticas de Moro y Dos Santos, encaminadas a evitar que Dilma Rousseff concluya su mandato y que el PT retenga la presidencia en las elecciones de 2018.

La defensa de Lula, dentro y fuera del Brasil, tomó rápidamente la forma de un reclamo de reelección del mandatario en 2018. Más allá de lo reprobable que pudo haber sido la forma violenta e intimidatoria de la detención del líder histórico del PT, esa reacción no deja de ser preocupante, ya que expone una tendencia plebiscitaria, que eximiría a Lula de cualquier responsabilidad por su innegable papel en la articulación de una izquierda democrática y moderna en Brasil.

Es muy temprano para hablar de obstrucción de la justicia, pero lo cierto es que por tratarse de una investigación en curso, que apunta a la cúpula de los grandes partidos brasileños y de las propias administraciones de Lula y Rousseff, parece irresponsable que el PT se aliste a postular al expresidente desde ahora. La intervención directa de Rousseff en ese relanzamiento electoral de Lula también sería objetable, ya que la mandataria se encuentra virtualmente sometida a juicio político en la Cámara de Diputados.

La detención de Lula se produjo en medio de las deliberaciones del Tribunal Supremo Federal sobre el enjuiciamiento legislativo de la presidenta. Ese contexto hace sospechosa de intencionalidad política la cruzada anticorrupción. Pero, por esa misma razón, la reacción del PT y sus aliados debería ser más cuidadosa, evitando que un proceso judicial de la mayor importancia para el país y la región se vea contaminado por las agendas electorales en pugna.

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