La libertad de archivo

En México el pasado cuenta. Desde el más antiguo hasta el más reciente. No de otra manera se explica el desarrollo de la antropología, la historia y todas las ciencias sociales que trabajan con fuentes primarias en los depósitos documentales de la federación, los estados y los municipios. En América Latina y el Caribe, la profesionalidad, el cuidado y la libertad de los archivos mexicanos se distinguen y, con frecuencia, han servido de modelo para reformas en la administración del patrimonio y las leyes de información histórica, emprendidas por algunos gobiernos de la región.

La nueva Ley General de Archivos, que debate el Senado, como han señalado varios medios del país, propone subordinar la Comisión Nacional de Archivos (CONARCH) a la Secretaría de Gobernación. Se produciría, en caso de aprobarse, una dependencia directa de la autoridad de un Ministerio del gobierno en curso, en materia de disposiciones jurídicas para el acceso a la información. En contra de las legislaciones más avanzadas, que apuestan a la creación de una entidad autónoma, como en Estados Unidos, o a una institución del Ministerio de Cultura, como en varios países de Europa, los archivos dejarían de ser un asunto del Estado y la sociedad para convertirse en un dominio más del gobierno.

La confusión entre Estado y gobierno, como han recordado Soledad Loaeza, Carlos Elizondo y otros académicos en los últimos días, fue un elemento característico de los regímenes autoritarios y totalitarios del siglo XX. En la Unión Soviética o en Cuba —hasta la fecha— los archivos estuvieron controlados por la máxima dirección del Estado y el Partido, que coincidía con la jefatura de cada gobierno quinquenal. Controlar el pasado era, para aquellos regímenes y sus residuos en el siglo XXI, un elemento indispensable de la restricción de derechos políticos en el presente.

En Alemania, la delegación de cultura del gobierno federal se encarga de la política de archivos. En Francia, es potestad de una comisión especializada del Ministerio de Cultura. Pero en ambos países, tanto la dirección de las instituciones del área como la producción de leyes en materia de patrimonio documental no son asunto exclusivo de funcionarios del gobierno o de legisladores de los partidos políticos. La comunidad académica y diversas asociaciones ciudadanas cumplen un rol protagónico en la elaboración y ejecución de las leyes de archivo.

En Estados Unidos, National Archives and Records Administration (NARA) es una entidad jurídicamente autónoma, pero adscrita al gobierno federal. No a una secretaría de la administración de turno sino al Estado. Como único se evita que la documentación primaria de un país sea manipulada por el gobierno es a través de la independencia de su acervo informativo. La libertad de archivo es una de las premisas básicas del libre acceso a la información, en las democracias del siglo XXI. Cualquier regresión en la materia es una vuelta a la matriz autoritaria de la Guerra Fría.

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