Viernes 27.11.2020 - 20:02

La lucha de los corruptos

Enfrentarse a la crisis
Por:

En el avance de la lucha contra la corrupción los primeros que levantan la mano en contra son quienes serían perjudicados, los que tienen algo qué perder. Cuando se está conformando una nueva institución o ésta comienza a actuar de manera independiente y decidida, aparecen las primeras resistencias para tratar de contenerla.

Uno de los casos que me parecen más paradigmático se encuentra en un país lejano del este europeo: Rumania. Ahí estuvo uno de los episodios del libro de texto de la corrupción, los excesos y el descontrol de los regímenes comunistas; en este caso, durante los 15 años de mandato de Nicolae Ceausescu. El régimen se desvaneció en el aire cuando en 1989 los rumanos decidieron rebelarse y, tres días después de la primera revuelta, el presidente fue ejecutado. En el lugar que dejó vacío Ceausescu llegó una aparente modernización y apertura política del Estado; sin embargo, la mayor parte del aparato de gobierno previo sólo cambió de fachada y permaneció en el poder.

Esto provocó que la corrupción, y muchos otros vicios del pasado comunista, fueran heredados a la nueva república. Pero, como parte del proceso para integrarse a la Unión Europea, en 2002 crearon el Directorio Nacional Anticorrupción (DNA), una institución autónoma, dentro de la jurisdicción de la Corte Suprema rumana, encargada de investigar y perseguir los actos de corrupción. Durante sus primeros años no hubo grandes avances, pero todo cambiaría en 2013, cuando Laura Codru a Kövesi se convirtió en la nueva fiscal. Con una voluntad política férrea, Kövesi ha liderado una transformación que procesó a 1,250 servidores públicos en un solo año, incluyendo un primer ministro, varios secretarios de Estado, legisladores y un largo etcétera, que hoy se han convertido en más de 6 mil casos en proceso.

La respuesta más clara desde el lado de los afectados se vio en febrero de este año, cuando se aprobó una modificación legal que despenalizaba varios delitos de corrupción, incluyendo un cambio para que no se castigaran con cárcel los actos de corrupción que involucraran menos de 44 mil euros (una cifra cercana a 1 millón de pesos). La acción desató las mayores protestas sociales en el país desde 1989 y el crecimiento en la confianza del DNA, obligando a que los políticos dieran marcha atrás a su intentona.

La semana pasada Guatemala dio otro ejemplo de esta situación: el presidente Jimmy Morales declaró persona non grata a Iván Velásquez, titular de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), una institución que incluso ha puesto tras las rejas a un hijo y al hermano del presidente y que, con un gran respaldo internacional, ha transformado la lucha contra la corrupción en nuestro vecino del sur. La acción del presidente intentaba expulsar del país a Velásquez; sin embargo, el Tribunal Constitucional detuvo la decisión, ya que el Presidente es juez y parte, debido a que también es investigado por actos de corrupción. En esta lucha naturalmente los corruptos tratarán de poner cuantas trabas puedan a las nuevas instituciones; sin embargo, la voluntad de cambiar las cosas debe imponerse o perderemos la pelea.