La roca y la tormenta
El nivel de impunidad que existe en el país para castigar delitos es alarmante y no corresponde al nivel de procuración de justicia que deberíamos tener. Y es que no solamente la corrupción explica este fenómeno, sino también la prioridad que los actores políticos le otorgan a la materia. Y aquí también la sociedad en su conjunto no puede dejarle toda la responsabilidad a las pocas organizaciones civiles que trabajan en ello.
El secuestro es un delito que se presenta en países subdesarrollados; en naciones avanzadas la incidencia es prácticamente nula. Su ocurrencia tiene que ver con la persecución, el castigo asociado y la disuasión. Y este último factor debe ir necesariamente ligado a los dos anteriores.
Si no mal recuerdo, durante la administración de Felipe Calderón se trasmitieron brevemente anuncios donde se presentaban los testimonios de la vida en prisión de narcotraficantes y secuestradores. No dudo que alguien haya argumentado que con eso se violaban los derechos humanos de los criminales y desconozco de algún estudio que haya podido medir el nivel de influencia que pudieron tener dichos mensajes para desincentivar al delito; lo que es cierto es que a muchos se nos quedaron grabados.
Hoy, en cambio, lo que tenemos son series, telenovelas y canciones que exaltan la vida criminal. Y si a eso le sumamos la impunidad, la corrupción, la falta de oportunidades y el tráfico de armas, tenemos la formación de la tormenta perfecta.
Independientemente de los muy válidos cuestionamientos sobre el nuevo sistema penal acusatorio, sus bondades y riesgos, debemos poner lupa en los miles de millones de pesos que se le entregan a los estados para combatir al crimen, entre ellos a uno de los peores, que es el secuestro. Pero la incapacidad de las fuerzas policíacas para afrontarlo es triste y escandalosa.
El mejor ejemplo fue que la banda que raptó a Diego Fernández de Cevallos, y a muchas otras personas, fue detenida por pura casualidad.
Y esto me lleva a la reflexión de que los servicios de inteligencia deben funcionar, entre otras cosas, para dar con este tipo de delincuentes, no nada más para cuestiones de seguridad nacional o para fines políticos (esto último es ilegal). Y los culpables deben ser enviados a prisiones especiales, en absoluto confinamiento.
Desde la fundación de Manos Unidas, antes de buscar puestos de elección popular, propuse hacer de las Islas Marías un centro penitenciario de alta seguridad para que secuestradores, narcotraficantes y asesinos no vuelvan a ver la luz del sol. Que trasformemos ese club vacacional para reos en uno que los delincuentes tengan siempre presente como su destino final si son atrapados.
Muchos expertos en la materia argumentan, y además lo prueban, que endurecer las penas de prisión no lleva a la disminución de la incidencia delictiva. Eso no lo voy a rebatir. Pero lo que es cierto e indiscutible es que la sociedad entera se sentirá respaldada sabiendo que quienes violan las reglas de convivencia pagarán caro, en lugar de estar en el reclusorio extorsionando o dirigiendo su próximo golpe.
Twitter: @RudyCoen