La sepultura de los Juanitos

Bien dicen que “el que con leche se quema, hasta al jocoque le sopla’’.

Tal es el caso de los diputados locales del PRD en la capital, que se aprestan a realizar, en un periodo extraordinario que se realizará los días 28, 29 y 30 de este mes, reformas sustantivas al Código Electoral del Distrito Federal (CEDF).

El periodo ya está apalabrado con las fracciones parlamentarias del PRI y el PAN y sólo es cuestión de afinar algunos detalles menores.

La intención de los perredistas, encabezados por Alejandra Barrales, es modificar el CEDF para evitar en lo futuro nuevos Juanitos y otros adefesios electorales. como, por ejemplo, el incumplible tope de campaña fijado a la delegación Cuajimalpa, que es de 400,000 pesos.

Ridículo, verdaderamente ridículo.

 El análisis que hizo la fracción perredista de la legislación electoral en el DF se determinó que ésta contiene disposiciones que fueron invalidadas por la Corte, que presenta un desfase normativo respecto al Estatuto de Gobierno del DF y que no incluye las modificaciones aprobadas por la Asamblea Legislativa del DF en mayo del 2008.

La reforma al CEDF deberá servir como ejemplo para las eventuales modificaciones que se prometieron a la legislación electoral federal, luego de la elección intermedia de 2009, cuando pasó la prueba pero de panzazo.

A pesar de los dimes y diretes cotidianos entre dirigentes partidistas y candidatos, la Fiscalía Especializada Para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) sólo ha recibido una denuncia por delitos electorales.

De acuerdo con el diputado Manuel Cadena Morales, presidente de la comisión especial “Encargada de Vigilar el correcto uso de los Recursos Federales, Estatales y Municipales en los Procesos Electorales” —no se ría que así se llama—, Areli Gómez, titular de la Fepade, informó que sólo se ha interpuesto formalmente una sola denuncia, que es la del PAN en contra del gobernador de Oaxaca, Ulises Ruiz Ortiz. Habrá que esperar, sin embargo, a que concluyan los procesos para el informe final de la Fepade, porque una cosa es la denuncia en medios y otra la que debe presentarse ante la autoridad.

Luego de que un juez declaró formalmente preso a Gregorio Sánchez, candidato del PRD a la gubernatura de Quintana Roo, surgieron las voces que aseguran que aún no pierde sus derechos políticos sino hasta que sea declarado culpable. Lo cierto es que al PRD se le agotan las opciones y, lejos de cuestionar si se cometieron errores en la estrategia, Jesús Ortega optó por la victimización —la del partido y la suya— y no deja de acusar “compló’’ en cualquier escenario que se presenta. Así se ve difícil que Chucho se sostenga después de la elección, sobre todo si no logra conservar ni Zacatecas. Cuestión de días para que Marco Antonio Bernal asuma la presidencia de la Fundación Colosio, la encargada de la plataforma electoral del 2012, nada más.

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