La suerte de los traductores afganos

La suerte de los traductores afganos
Por:
  • larazon

Beatriz Martínez de Murguía

Leyendo en estos días para escribir sobre el tema de hoy, alguien, no recuerdo quién, comentaba que si alguna regla no escrita ha existido siempre en la guerra (aunque sólo fuese ésa) es la de no dejar atrás, en caso de retirada, a aquél con quien se ha compartido trinchera y cuya vida pudiera quedar en peligro.

Por eso, aunque sólo fuese por eso, resulta tan lamentable que haya hecho falta bastante más que un titular de prensa y la indignación general para que el ministro de defensa español se haya dado finalmente por enterado de los reclamos que, desde hace cuatro meses, vienen haciendo los cuarenta traductores afganos, que en su momento colaboraron con el ejército español, para que se les conceda bien sea un visado o incluso el asilo. La amenaza que pesa sobre estas personas, tenidas por los talibanes, que dominan una parte muy importante del país, como “colaboracionistas, traidores e infieles”, no es ninguna broma y la obligación de atenderles, ineludible.

Entre enero y abril del año pasado, Francia acogió en su suelo a 135 afganos: 62 civiles que habían colaborado con las tropas francesas, principalmente traductores y/o intérpretes, acompañados de sus familias. Llegaron con un permiso de residencia de larga duración y derecho a trabajar. Su integración no ha sido fácil. En contra de lo que piensan muchos europeos, convencidos de que cualquiera que llegue de fuera para instalarse en la UE vive necesariamente en el paraíso, lo que cuentan esos afganos recién acogidos en Francia es una historia difícil de adaptación a un país que no es el suyo. También el Reino Unido terminó por aceptar, aunque con una increíble dosis de renuencia, a seiscientos civiles afganos, cuya vida corría peligro después de haber cooperado con el ejército británico en la lucha contra los talibanes y al servicio del gobierno del país. Hizo falta la intervención de la Corte Suprema de Justicia y una petición firmada por más de ochenta mil personas, para que el gobierno de Cameron ofreciera un visado por cinco años a quienes hubiesen colaborado durante al menos un año con las tropas británicas. Por mucho que algunos se empeñaran en plantear el debate en términos jurídicos, sobre si existía/existe la obligación legal o no de dar asilo o proteger a ese personal civil, cualquiera entiende que se trata, sobre todo, de un asunto moral. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos o Noruega han ido expidiendo los visados necesarios, aunque insuficientes a tenor del número de peticiones denegadas. Toda intervención bélica conlleva obligaciones con respecto a la población civil afectada, no digamos ya cuando se trata de personas cuya participación resulta decisiva para evitar otras muertes, otras derrotas, o, mucho más grave aún, cuando la retirada del pais ocupado no garantiza su seguridad física.