La “verdad histórica” de Maduro y Ortega

Es sintomático que en países latinoamericanos, donde los conflictos sociales responden a causalidades complejas, algunos gobiernos apelen a una narrativa simple y maniquea sobre sus problemas internos. Lo vemos en Venezuela y Nicaragua, donde todo un formato retórico ha sido copiado de Cuba, país cuyo sistema político de partido único y limitación de libertades públicas cumplirá, pronto, 60 años.

Entre 2016 y 2017, cuando estallaron las manifestaciones contra Nicolás Maduro, y éste respondió con la fuerza, el régimen venezolano echó mano de la tesis del golpe de Estado por parte de la oposición y los servicios de inteligencia de Estados Unidos. La propaganda chavista forzaba un paralelo entre Nicolás Maduro y Salvador Allende que a algunas voces de la izquierda democrática latinoamericana resultó ofensivo.

El origen de las protestas fue estrictamente doméstico. Había una Asamblea Nacional atada de manos por el poder judicial y por el propio gobierno, a pesar de haber ganado por amplia mayoría las elecciones legislativas de fines de 2015. La declaración oficial del poder legislativo legítimo “en desacato” y los decretos de facultades extraordinarias redujeron a la nada el margen de acción institucional de los partidos opositores, por lo que el sector más radical del antimadurismo llamó a la protesta.

La crisis económica, por los bajos precios del petróleo, golpeaba Venezuela desde hacía años y la impopularidad y el despotismo de Maduro atizaban el malestar. Una zona importante de la sociedad civil, incluida la Iglesia católica, y los medios comunicación, acumulaban agravios contra el gobierno desde los últimos años de Hugo Chávez. La juventud, especialmente maltratada por la falta de oportunidades y el clima generalizado de violencia, salió a las calles y se ganó el aliento de la oposición.

Las cifras son elocuentes: en 2016 hubo 2617 manifestaciones en Venezuela. En la primera mitad de 2017, antes del blindaje definitivo del autoritarismo madurista, las protestas se duplicaron: entre enero y julio ascendieron a 6729, aunque bastante concentradas en Táchira, Lara, Aragua y Caracas. Lo que repetían Maduro y su canciller Delcy Rodríguez era que aquellas protestas estaban organizadas por Estados Unidos, pero lo cierto es que una vez neutralizados todos los poderes del Estado, luego de la creación de una Asamblea Constituyente perpetua, las manifestaciones aminoraron.

En Nicaragua se ha desatado un ciclo de protestas muy parecido. Como en Venezuela, allí la crisis tiene un origen específico: el rechazo a una reforma del Seguro Social, diseñada por el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo con asesoría del Fondo Monetario Internacional (FMI), que rebajaba pensiones y aumentaba contribuciones fiscales. La reacción de Ortega y Murillo a las protestas fue tan represiva como la de Maduro y a medida que aparecían los primeros muertos, más fuerza tomaba la movilización popular.

El gobierno derogó la reforma del Seguro Social, pero promovió una Ley Antiterrorista que justificaba la represión de sus paramilitares y criminalizaba a toda la oposición. Mientras se sumaban actores a las protestas, otras decisiones impopulares de Ortega y Murillo como el canal interoceánico y diversos planes desarrollistas, que afectaban a las comunidades rurales e indígenas y deterioraban el medio ambiente —además de la reelección indefinida y el evidente nepotismo de la pareja—, engrosaron el discurso de la oposición.

No sólo Estados Unidos, también la Unión Europa, la ONU, la OEA y una docena de gobiernos latinoamericanos se involucraron en esos conflictos cuando se acercaron a crisis humanitarias. Sin embargo, la “verdad histórica” de Maduro y Ortega, refrendada por Raúl Castro en su último discurso del 26 de Julio, en Santiago de Cuba, es que hay un golpe de Estado en curso en Venezuela y Nicaragua perpetrado por el imperialismo yanqui.