Lágrimas de cocodrilo

Una de las imágenes más emotivas publicadas por los opositores al Malecón Tajamar —un cocodrilo sepultado vivo durante el desmonte del 16 de enero— fue manipulada tramposamente: el evento ocurrió, pero en agosto pasado durante los trabajos que inició Di&Bi, que fueron suspendidos por violar las normas ambientales, al grado que Fonatur de Héctor Gómez demandó a la empresa de Davide Bizzi.

El hecho que Guillermo Haro, jefe de Profepa, dictaminara que no hubo “ecocidio” en la más reciente remoción de vegetación, desmintió lo del saurio bajo el lodo o se haya “extinto” un manglar: como es evidente en todas las imágenes, más bien era macetón de mangle en medio de una zona urbana con andadores que recorrían miles de cancunenses por mes. Como sabe cualquier estudiante de biología, el mangle se deteriora al dejar tener acceso directo a las aguas salobres. Y ello sucedió en Tajamar desde 2009, cuando Fonatur, entonces a cargo de Miguel Gómez Mont, vendió 80% de los terrenos que se urbanizaron al no existir aún una ley de protección al mangle.

De hecho, el desmonte de 44 hectáreas representa sólo 2% del área natural que rodea la laguna de Nichupté y las inversiones de mil millones de dólares cambiarían favorablemente terrenos ya impactados ambientalmente. La consigna del PRD, a cargo de Agustín Basave, y Morena de Andrés Manuel López Obrador de “cocodrilos sí, no más hoteles”, muestra una primitiva y lacrimógena idea sobre los recursos naturales que impide un manejo adecuado, ese manejo que permite conservarlos, generar riqueza y empleo en países como Canadá, EU, Costa Rica y en la misma Riviera Maya. Claro, habrá que ver si en los próximos días los grupos dizque ambientalistas cubren la fianza de 22 millones de pesos para que se ratifique el amparo provisional que impide se realicen trabajos en Tajamar.

 A compartir la red. Las bases para concursar la Red Compartida cumplen con el compromiso de la SCT, a cargo de Gerardo Ruiz Esparza, de no usar recursos públicos en el despliegue de unos 11 mil sitios que transmitirán señales de banda ancha en 700Mhz, pues será mediante una Asociación Pública Privada en la que el Estado aportará el radioespectro y el socio privado los recursos, siempre y cuando cuente con un capital mínimo de 15 mil millones de pesos. El modelo desarrollado por el equipo de la subsecretaria Mónica Aspe tiene como prueba crucial el poder hacer “bancable” esa red y por tanto atractiva para los inversionistas.

 El ingenio es de quien lo trabaja. Que Enrique Molina ganara un amparo definitivo contra la venta del ingenio Emiliano Zapata a Beta San Miguel de José Pinto, es un serio brete al Sistema de Administración de Bienes Enajenados de Héctor Orozco, pues CAZE solicitó también amparos contra la venta de los otros 4 ingenios en julio de 2015. Sin embargo, dada la magnitud del dinero comprometido, difícilmente el subsecretario Fernando Aportela dejará pasar la situación. Veremos.

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