Las confusiones y la seguridad nacional

La discusión sobre la Ley de Seguridad Nacional está plagada de malos entendidos. Una parte de ellos, bastante amplia, por cierto, tiene que ver con el desconocimiento del trabajo realizado en la Cámara de Diputados.

Los cambios que se proponen a la minuta enviada por el Senado de la República pueden ser discutibles, pero en modo alguno son una amenaza a los derechos humanos.

La propuesta elaborada por Alfonso Navarrete Prida lo que hace es establecer medidas menos complicadas para enfrentar una afectación a la seguridad interior del país.

La propuesta senatorial hacía hincapié en la participación del Congreso y la idea de los diputados se sostiene en la responsabilidad del Poder Ejecutivo.

Una de las críticas al proyecto es que se generaría una especie de suspensión de las garantías individuales, sumada a una militarización.

Si se lee con atención el proyecto, más bien se prevé lo contrario y se establecen controles específicos.

La idea es regular las actividades de las fuerzas armadas en operativos y labores de inteligencia y siempre bajo el mando del Ministerio Público.

Por ejemplo, sobre las atribuciones del Cisen y de las secretarías de Defensa y Marina se precisa que en caso de intervenciones telefónicas éstas sólo podrán realizarse si son aceptadas por un juez y se añade la previsión de que lo obtenido no podrá ser utilizado en un juicio.

La declaración a la afectación a la seguridad interior tendrá que ser revisada, a demás, por la Suprema Corte y observada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y será evaluada por el Poder Legislativo.

¿Se le dan mayores atribuciones al Presidente? No más de las que tiene ahora, y más bien se sujeta al Poder Ejecutivo a un procedimiento claro para la utilización de la armada permanente y con una temporalidad específica.

No se trata de complicarle la vida al Presidente, y menos en casos urgentes, sino de sujetarlo a una agenda de seguridad nacional.

Quienes se oponen a la aprobación de la Ley de Seguridad Nacional le están haciendo un flaco favor a los derechos humanos, y por una sencilla razón: los militares ya están en las calles y el Presidente puede disponer de su utilización de un modo bastante discrecional.

Insisto, lo peligroso es que no contemos con una ley para saber qué hacer en casos de riesgo a la seguridad nacional y quiénes son las autoridades responsables de atender semejantes desafíos.

La propuesta de ley está hecha para situaciones muy graves y así hay que entenderla, pero no veamos fantasmas en donde nunca han estado.

Más allá de lo que determinen en la Cámara de Diputados y que sin duda revisará el Senado, se tienen que atajar las tentaciones autoritarias que ven en la fuerza la salida a todos los problemas y un antídoto contra esto es justamente el de la ley.

julian.andrade@3.80.3.65

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