Los 43 están muertos, no desaparecidos
Cambia el estatus de los 43 jóvenes de la trágica noche del 26 de septiembre en Iguala, Guerrero, el 26 de septiembre de 2014, por los fallos inapelables de un juzgado y un tribunal en el sentido de que los muchachos fueron asesinados, lo cual elimina el delito de desaparición forzada, que acusan padres de las víctimas y activistas.
El Juzgado Primero de Distrito en Procesos Penales Federales y el Segundo Tribunal Unitario de Tamaulipas, determinaron que la SEIDO no pudo acreditar que los autores materiales e intelectuales hayan ocultado, vivos, a los jóvenes, uno de los tres requisitos sine qua non para decretar una desaparición simple y, más aún, una forzada.
Las otras dos condiciones para decretar la “desaparición forzada” ya ni se investigaron, ante la certeza de que los 43 fueron ejecutados instantes después de haber sido levantados: que los acusados se nieguen a dar información fidedigna sobre el paradero de las víctimas y que los civiles implicados se hayan coludido con funcionarios.
Por tanto, el delito no es desaparición forzada, de acuerdo con los impartidores de justicia, sino homicidio, lo cual viene a dar un giro al tratamiento jurídico del caso: porque ofrece, primeramente, la certeza de que los 43 están muertos y, segundo, elimina una bandera que han aprovechado los activistas alrededor de los deudos para endosar el crimen al Estado mexicano.
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Paso al frente dio el Secretario de Gobernación, Miguel Osorio, al responder directamente a los chantajes de la CNTE. Ayer, el funcionario advirtió a ese gremio que mantiene un “paro indefinido” y un plantón en Bucareli, que no habrá diálogo sobre la reforma Educativa, porque ésta “le está ayudando al país, a los jóvenes, a los niños, a los maestros. Así que no hay qué tratar nada respecto a la reforma”.
Al responder a los centistas, Osorio se puso como el interlocutor al que la dirigencia de la CNTE, debe aspirar a llegar, no como el que les va a poner otra de esas mesas de diálogo en las que nunca se concretaban acuerdos.
En otras palabras, se acabaron los apapachos y las concesiones a la CNTE que sólo buscó defender privilegios como la venta y herencia de plazas.
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Fin mediático pusieron al caso de los Porkys de Veracruz, los que sin pruebas acusaron que desde el gobierno de Javier Duarte se protegía a los cuatro presuntos violadores de la joven Daphne.
Tras la captura de Enrique Capitaine, el supuesto Porky mayor, en Torreón, Coahuila, se acabó el parque para golpear al gobierno de Veracruz en pleno proceso electoral para renovar la gubernatura.
El caso, sin embargo, sigue su curso y habrá que estar atentos a su desenlace.
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Para Ripley: el gobierno de Rolando Zapata, en Yucatán, pagó por zapatos y ropa más de 465 mil pesos a… ¡una imprenta!
La información, documentada hoy en La Razón por el reportero Néstor Jiménez, indica que el gobierno estatal justificó con facturas de la empresa Impresos Jorgerick S.A. de C.V. la adquisición de distintas prendas para el hospital psiquiátrico del estado.
Algo así como comprarle carne al zapatero. ¡Bomba!
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