Los candidatos y el combate a la corrupción

Los candidatos y el combate a la corrupción
Por:
  • mauriciof-columnista

El combate a la corrupción es un imperativo en la agenda electoral de todos los candidatos; desde los presidenciales, hasta los que aspiran a responsabilidades legislativas, a una gubernatura o a una alcaldía.

La corrupción es una práctica indeseable, fuera de toda ética política y social, y es también una enorme grieta en la economía. En México las estimaciones especializadas indican que cada año se pierden entre un billón y dos billones de pesos por causa de la corrupción, lo que equivale a entre 5 y 10 por ciento del PIB. No hay duda de que debe ser combatida.

Con corrupción hay menos bienes y servicios, menos inversión y, por lo tanto, menos empleos, menos infraestructura y menos seguridad. La corrupción reduce las posibilidades de desarrollo, beneficia a unos cuantos en perjuicio de muchos y, tratándose de seguridad pública y protección civil, también mata.

En México, infortunadamente, abunda. Estos son sólo algunos indicadores: Según la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2017, de cada 100 mil habitantes, 61 mil (números cerrados) creen o han escuchado que hay corrupción al realizar trámites ante el gobierno; 47 mil afirman que al menos un conocido le contó un caso de corrupción y 14 mil la padecieron directamente.

De acuerdo con el Índice Global de Corrupción 2017, que elabora Transparencia Internacional, estamos en el lugar 135 de 180 países.

En esta medición México obtuvo 29 puntos de 100 posibles, lo que lo sitúa entre las cinco naciones con mayor percepción de corrupción en América Latina (los otros son Guatemala, Nicaragua, Haití y Venezuela) y en el último lugar de las naciones que integran la OCDE y el G20.

El Centro de Estudios del Sector Privado calcula que las empresas destinan 15 por ciento de sus ingresos a la corrupción; en tanto que otras fuentes señalan que las familias tienen que destinar a ella alrededor de 14 por ciento de sus recursos.

La corrupción es un universo dentro de otro: sus formas de operación son múltiples y complejas, y tiene diversas modalidades y tamaños, que van desde la dádiva para facilitar un trámite o evadir una sanción, hasta la implicación de enormes montos en operaciones marcadas por tráfico de influencias, conflicto de interés, desvío de recursos y uso de servicios públicos con fines privados, entre otras variedades.

Eduardo Bohórquez, director de Transparencia Mexicana, explica que no es que en los países mejor calificados la corrupción no exista, sino que en ellos la reacción institucional es fuerte, una vez que un caso sale a la luz.

En contraste, en México los escándalos de corrupción suelen concentrar la atención pública, pero la reacción institucional es débil y con frecuencia desemboca en investigaciones incompletas, insuficientes, eternamente inconclusas y, por lo tanto, raramente conducen a sanciones.

Transparencia Internacional recomienda cuatro medidas para el combate a la corrupción en México: implementar correctamente el Sistema Nacional Anticorrupción (SNA); incorporar el SNA al SAT y a la Unidad de Inteligencia Financiera; crear una Fiscalía General de la República autónoma e independiente, que no atienda intereses políticos ni privados; y dar máxima publicidad al manejo de los recursos públicos, incluyendo el financiamiento a partidos políticos y sus gastos.

Algunas de estas recomendaciones ya forman parte de nuestra agenda, pero no se han materializado.

Es necesario que Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Meade nos hagan saber sus posiciones sobre éstos y otros puntos.

Por ejemplo, cómo fortalecerán, mediante los procedimientos respectivos, el marco legal e institucional para hacer frente a la corrupción de manera eficaz; qué se proponen realizar para al menos avanzar en el combate a la creencia no escrita y la convicción muy arraigada de que la ley es para evadirse; y cómo impulsarán, sin demérito de las soberanías estatales, la reducción de la corrupción en los municipios, que tiene como principal motor la ambigüedad en los requisitos para cualquier trámite, a fin de dejar espacios para la exigencia de ventanilla que termina en extorsión.

Si poner un alto a la corrupción, como frenar la inseguridad y la impunidad, es uno de los tópicos centrales de las demandas ciudadanas, es indispensable conocer lo que plantean los candidatos para combatirla.