Los derechos humanos en 2018

El año recién comenzado presenta un escenario complicado para los derechos humanos. Debido a que se trata de un año electoral, la defensa de estos derechos —supuestamente ajenos a vaivenes políticos—ocupará un lugar preponderante en las agendas de los partidos políticos.

Es previsible que, en sus respectivas plataformas electorales, los partidos expongan la mejor manera de respetar los derechos humanos y combatir sus violaciones, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Sin embargo, en su afán por disputar tanto la Presidencia de la República como las 628 vacantes del Congreso de la Unión, los partidos también han celebrado alianzas con agrupaciones cuyos valores no sólo son divergentes, sino hasta excluyentes.

Es previsible que, en sus respectivas plataformas electorales, los partidos expongan la mejor manera de respetar los derechos humanos y combatir sus violaciones, así como sus propuestas para llevarlo a cabo. Sin embargo, en su afán por disputar tanto la Presidencia de la República como las 628 vacantes del Congreso de la Unión, los partidos también han celebrado alianzas con agrupaciones cuyos valores no sólo son divergentes, sino hasta excluyentes.

Es el caso de por “México al Frente”: una alianza que amalgama la defensa panista de las familias tradicionales con el impulso perredista a los matrimonios entre personas del mismo sexo. De manera similar, la asociación “Juntos haremos historia” combina la legalización del aborto, reivindicada por la izquierda que dio origen a Morena, con los valores del PES, los cuales excluyen la posibilidad de que las mujeres tomen decisiones respecto a su cuerpo. Estas alianzas evidencian que, con tal de obtener poder, los partidos están dispuestos a renunciar a los principios que han sido parte esencial de su identidad. Además de crear confusión entre sus simpatizantes, el desmedido pragmatismo que ha inspirado la concreción de estas coaliciones exhibe que la defensa de los derechos humanos pasará a segundo término si de alcanzar el poder se trata.

Otro factor que complicará seriamente el panorama será el aumento en la difusión de las violaciones a derechos humanos por parte de las distintas oposiciones, con el único fin de menospreciar la labor gubernamental. Si alguna lección puede obtenerse de las recientes discusiones suscitadas con motivo de la aprobación de la Ley de Seguridad Interior, es precisamente que el debate dentro de nuestra polarizada sociedad puede alcanzar posiciones aún más extremas. No se trata de negar la existencia de feminicidios en el Estado de México o de periodistas asesinados en Chihuahua. Tampoco de minimizar que hay desaparecidos en Veracruz, o policías asesinados en Guerrero; o tráfico ilegal de gasolina en Puebla. Sin embargo, no hay que perder de vista que las violaciones a los derechos humanos no reconocen fronteras estatales, ni son exclusivas de los gobiernos del PRI, PAN o PRD. A pesar de ser temporada electoral, debemos mantenernos alertas para no caer en el error de denunciar hechos violatorios de derechos humanos desde una perspectiva partidista.

La existencia de 33 comisiones públicas de derechos humanos (una por cada entidad federativa, más la CNDH) debería garantizarnos que las violaciones serán señaladas sin sospecha de sesgo partidista. No obstante, en una más de las paradojas que caracterizan nuestra vida pública, la proliferación de estas oficinas públicas no ha significado una mayor vigencia de los derechos humanos. En el debate acerca de la fuerza de estos derechos sería importante revisar integralmente el funcionamiento de estas comisiones.