Los generales

Pablo Hiriart

La detención y arraigo de tres generales del Ejército por supuestos vínculos con el narcotráfico confirma que es necesario crear con premura las condiciones para sacar a las Fuerzas Armadas de esa lucha.

Desde luego en este momento sería imposible. Pero tampoco la espera puede ser eterna.

Los candidatos presidenciales tienen que poner un plazo perentorio y comprometerse a su cumplimiento. Una institución vital para la república ha sido tocada, en sus más altas esferas, por el poder millonario del narcotráfico.

Falta saber si en realidad los generales Ángeles, Dawe y Escorcia, y el teniente coronel Hernández Soto en realidad están vinculados a organizaciones criminales.

Conozco personalmente a uno de ellos, al general Ángeles, y su austeridad, forma de vida e interés por los asuntos del país no checan con la gravedad de la acusación.

Habrá que esperar la investigación y sus resultados.

Lo que sea es malo. Y si realmente están inmiscuidos en delitos de narco, peor.

Hipótesis aparte, hay que sacarlos de esa tarea porque es altamente corruptora.

El Ejército debió entrar a la lucha frontal y total contra las pandillas criminales por una necesidad inevitable, y no fue por capricho del Presidente.

La investigación de un delito consensual, en que dos están de acuerdo (el que vende y el que compra), debe regresar a la esfera de las autoridades civiles.

En lo que va del sexenio se han invertido 232 mil millones de pesos al presupuesto de seguridad.

Con esos recursos sólo se han formado 35 mil policías federales. Tal cantidad de dinero es para que hubiera 200 mil, y no se ha hecho. En lo gobiernos estatales tampoco se ha avanzado.

Ya llegó la hora de poner plazos. Así lo indican las luces rojas que nos lanzan las detenciones de generales del Ejército.

Si el narco corrompe al comandante Pérez se le sustituye por el comandante González.

Pero formar a un coronel en el Ejército toma 20 años. Y un general cuesta 25 o 30 años formarlo.

Mientras más tiempo se quede el Ejército en las calles y en tareas de investigación y persecución del narco, peores serán los resultados para la institución y para el país.

Los problemas a los cuales se va a seguir exponiendo a nuestro instituto armado si no hay un pronto relevo en esa tarea, son dos: vínculos con el narco y derechos humanos.

Lo primero ya está a la vista, según las acusaciones que se les formulan a altos mandos del Ejército.

Y el tema de derechos humanos los va a dañar dentro de poco, pues su formación no es la de policías civiles sino la de soldados para actuar en tiempos de guerra.

Las investigaciones que hay en la CNDH son para dejar helado a cualquiera.

El problema es grave, y la respuesta no puede ser ignorarlo.

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