Los huesos de Lorca

El 27 de diciembre del 2007 se publicó en el boletín oficial del Estado español una polémica ley. El nombre de la misma es: “LEY 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la guerra civil y la dictadura”, pero es más conocida como “Ley para la memoria histórica”.

En la exposición de motivos se condena sin remilgos a Franco y se lee: “Nadie puede sentirse legitimado, como ocurrió en el pasado, para utilizar la violencia con la finalidad de imponer sus convicciones políticas y establecer regímenes totalitarios contrarios a la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, lo que merece la condena y repulsa de nuestra sociedad democrática”. La presente ley asume esta declaración, así como la condena del franquismo contenida en el Informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París el 17 de marzo de 2006, en el que se denunciaron las graves violaciones de derechos humanos cometidas en España entre los años 1939 y 1975. Se recogen diversos preceptos (arts. 11 a 14) que, atendiendo también en este ámbito una muy legítima demanda de no pocos ciudadanos, que ignoran el paradero de sus familiares, algunos aún en fosas comunes, prevén medidas e instrumentos para que las administraciones públicas faciliten, a los interesados que lo soliciten, las tareas de localización y, en su caso, identificación de los desaparecidos, como una última prueba de respeto hacia ellos.

En definitiva, la presente ley quiere contribuir a cerrar heridas todavía abiertas en los españoles y a dar satisfacción a los ciudadanos que sufrieron, directamente o en la persona de sus familiares, las consecuencias de la tragedia de la Guerra Civil o de la represión de la dictadura. Quiere contribuir a ello desde el pleno convencimiento de que, profundizando de este modo en el espíritu del reencuentro y de la concordia de la transición, no son sólo esos ciudadanos los que resultan reconocidos y honrados, sino también la democracia española en su conjunto. No es tarea del legislador implantar una determinada memoria colectiva. Pero sí es deber del legislador, y cometido de la ley, reparar a las víctimas, consagrar y proteger, con el máximo vigor normativo, el derecho a la memoria personal y familiar como expresión de plena ciudadanía democrática, fomentar los valores constitucionales y promover el conocimiento y la reflexión sobre nuestro pasado, para evitar que se repitan situaciones de intolerancia y violación de derechos humanos como las entonces vividas.”

Viene a cuento lo anterior por un hecho reciente, ya comentado por Bertrand de la Grange en estas páginas. La infortunada búsqueda de los restos del poeta Federico García Lorca. No hay rastro de su cuerpo en la fosa de Alfacar, muy cerca de Granada: ahí, en una cuneta, se creía que se encontraban, junto a las del poeta, las osamentas del maestro republicano Dióscoro Galindo y los banderilleros anarquistas Francisco Galadí y Joaquín Argollas.

Al juez Garzón le correspondió emitir las primeras órdenes para la exhumación del cadáver. Lo hizo a petición de parte. Con base en el argumento, jurídicamente inobjetable, consistente en que el delito de “desaparición forzada de personas, sin dar razón de paradero”, es un tipo penal que continúa en el tiempo, por eso imprescriptible.

Garzón se anticipó a la determinación, impulsada por los conservadores, que lo haría declinar su competencia. Aún así tuvo que declarar como acusado en una causa de prevaricato.

A García Lorca lo fusilaron el 18 de agosto de 1936: Amigo cercano de Dalí y de Buñuel, era ya una figura internacionalmente reconocida cuando fue asesinado. ¿Por qué lo fusilaron? Granada era, en los días de la guerra civil, una ciudad conservadora. Lo es aún. Coinciden, muchos, en que a García Lorca lo mataron por diversas razones. Dos fundamentales. Una es que era poeta. La otra es que era homosexual.

La intolerancia conduce a la muerte. Ése es el mensaje del fusilamiento ominoso que marcó a España.

En “Canción otoñal” dice el poeta: “¿Y si la muerte es la muerte/que será de los poetas/y de las cosas dormidas que ya nadie las recuerda?”.

García Lorca es, aún, un desaparecido. El delito prosigue. La infamia

también.

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